El Consell aprobó ayer la propuesta de un convenio tipo de colaboración a firmar entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con 27 municipios para garantizar el servicio del Punto de Encuentro Familiar (PEF) ubicado en cada uno de ellos. El acuerdo llega en la misma semana en la que Levante-EMV informaba de que una abuela lleva 10 meses de espera para poder ver a sus nietos en el punto de encuentro familiar de Mislata. El caso destapaba la saturación de estos centros y la propia conselleria ya reconocía que la red actual de PEF era «insuficiente», por lo que preveía su ampliación.

Según informó ayer el Consell, la prestación del servicio por parte de la conselleria se realizará a través de un contrato administrativo de gestión de servicios. Del convenio no se derivan obligaciones económicas para la Generalitat, mientras que las entidades locales deberán, entre otras cuestiones, poner a disposición un local que reúna las condiciones necesarias.

Los municipios concretos para la firma del convenio son 10 de la provincia de Alicante: Alacant, Alcoi, Dénia, Elda, Elx, la Vila Joiosa, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja y Villena. En la provincia de Castelló tres: Castelló, Vila-real y Vinaròs. Y en la de Valencia 14 poblaciones: Alaquàs, Buñol, Carlet, Catarroja, Gandia, Llíria, Manises, Mislata, Ontinyent, Paterna, Sagunt, Sueca, València y Xàtiva.

El convenio establecerá las bases de colaboración entre la Generalitat y cada entidad local para garantizar el servicio del Punto de Encuentro Familiar ubicado en cada uno de estos municipios, con el fin de posibilitar la utilización de un lugar neutral para la ejecución de los regímenes de visitas determinados por una resolución judicial o administrativa.

Actualmente, la conselleria dispone de 17 Puntos de Encuentro Familiar (PEF). Con el nuevo modelo ampliará la red con 11 nuevas instalaciones, hasta llegar a 27 municipios de la Comunitat. Se trata de un servicio social gratuito, universal y especializado de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el cual se presta atención profesional para facilitar que los niños, niñas y adolescentes puedan mantener relaciones con sus familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que motivan la necesidad de utilizar este recurso.