11 de mayo de 2019
11.05.2019

Los procuradores recibirán formación específica sobre violencia de género

Los expertos alertan de los efectos de la extensión de la libertad vigilada a condenados por estos delitos

11.05.2019 | 00:54

El pleno del Consell acordó ayer colaborar con el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores en la formación continua en materia de violencia de género. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, destacó que con este acuerdo se contribuye a favorecer la atención a las víctimas del delito. El acuerdo responde a la solicitud de formación especializada por parte del colectivo de procuradores para lograr una atención «más eficaz» a las víctimas del delito. También propicia espacios de reflexión entre los profesionales de la procuradoría y fomenta el análisis y debate en materias de especial interés para el ejercicio de la profesión.

Por otra parte, los expertos han advertido de que la ley Orgánica 1/2015 ha extendido la libertad vigilada a los condenados por delitos relacionados con la violencia de género y la violencia doméstica en determinados supuestos. El transcurso del tiempo y la extensión de la libertad vigilada a este último grupo de delitos «están dando lugar a que aumenten tanto el número de libertades vigiladas impuestas, como el de las que han alcanzado ya la fase de ejecución», alertan los organizadores del congreso La libertad vigilada y otras penas y medidas en medio abierto: problemas y propuestas de solución, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

Apuntan que la reforma, como la anterior de 2010, no ha ido acompañada «de medios económicos ni de recursos humanos, ni tampoco de desarrollo legislativo sobre su ejecución». Esta situación de «vacío normativo y la carencia de recursos» contrasta «llamativamente con la realidad de otros países en los que existen medidas de supervisión postpenitenciaria y se hacen especialmente manifiestos cuando se impone al penado la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual, o similares», critican.

El congreso se ha planteado como un foro de encuentro de profesionales de la práctica judicial y penitenciaria, académicos y representantes de la administración pública para analizar la realidad de la ejecución de la libertad vigilada y otras penas y medidas de medio abierto, especialmente en supuestos de delincuencia sexual y violencia de género.

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