13 de mayo de 2019
13.05.2019
Tribunales

La Fiscalía alcanza pactos con 17 acusados del caso Blasco y las defensas intentan tumbar el pago de indemnizaciones

El exconseller ofrece un bajo comercial valorado en 600.000 euros para hacer frente a la responsabilidad contable que, defiende, sustituye a la civil

13.05.2019 | 11:42
Rafael Blasco, a su llegada a la Ciudad de Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con 17 de los 24 acusados del caso Blasco que debe juzgar el desvío de las ayudas a la cooperación. Entre estos pactos se encuentra el alcanzado con los tres principales acusados de esta causa: el exconseller Rafael Blasco, su empresario de cabecera Augusto César Tauroni y el exalto cargo de la Generalitat, Marc Llinares. A pesar de este acuerdo, las defensas de los acusados han comenzado a plantear diversas cuestiones previas ante los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València.

El abogado de Blasco, Javier Boix, ha iniciado su exposición realizando una «dación en pago» de un bajo comercial «valorado en 600.000 euros» para hacer frente a la responsabilidad contable que le exige el Tribunal de Cuentas, que lo condenó como funcionario público por el desvío de fondos. Aunque acto seguido Boix ha planteado una cuestión de base que puede afectar al fondo del juicio: según ha defendido Boix, argumentos a los que se han adherido el resto de acusados, en el juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia de València no se puede dirimir la responsabilidad civil de los acusados porque ésta ya se dirime como responsabilidad contable por el Tribunal de Cuentas.

Una tesis que ha apuntalado el abogado de Marc Llinares, José Calatayud, al asegurar que los expedientes de la Conselleria de Solidaridad de los años 2009 y 2010 no se cerraron administrativamente, por lo que no se puede exigir ninguna cantidad por ellos, por lo que no se plantean ante el Tribunal de Cuentas, pero las acusaciones las han introducido en la causa penal que debe juzgar la sección quinta de la Audiencia de València. «No pueden exigir responsabilidad civil por su incompetencia», ha asegurado Calatayud.

Unas tesis que han rechazado las acusaciones. El Fiscal Anticorrupción ha recordado que los expedientes fueron requisados por la Policía cuando estalló el escándalo por el presunto desvío de las ayudas a la cooperación. La abogada de la Generalitat ha recordado que «si no se cerraron los expedientes fraudulentos fue por la negligencia de los funcionarios y políticos» que ahora se sientan en el banquillo de los acusados. Al tiempo que ha añadido que finalmente los expedientes fraudulentos se cerraron «por el actual equipo gestor» porque eran necesario para calcular el derroche del erario producido.

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