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Tribunales

El TSJCV condena a Territorio a terminar la urbanización Sociópolis

La sentencia «puede alterar el panorama urbanístico de actuaciones nunca terminadas» - El tribunal reprocha el retraso en la ejecución de las obras, pero rechaza indemnizar a la empresa

Edificios en construcción de Sociópolis, en el barrio de la Torre de València. m. á. montesinos

La sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fallado en contra de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por el retraso en la urbanización de Sociópolis, la «ciudad ideal» que debía construirse en la pedanía de la Torre de València.

En una sentencia del pasado 5 de abril, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los magistrados establecen la «obligación de la administración a adoptar las medidas necesarias para que se concluyan las obras de urbanización» del nuevo barrio para evitar perjuicios a las promotoras que construyeron edificios y a los nuevos vecinos de este nuevo barrio en la pedanía de la Torre de València.

Según José Manuel Palau, el letrado del despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados que ha defendido el contencioso administrativo contra la administración, «el Tribunal realiza una interpretación amplia, y conforme con la normativa urbanística en su conjunto, del derecho de los propietarios a exigir que la administración vele para que no haya paralizaciones sine die de programas urbanísticos que nunca fueron terminados en plazo, debiendo incluso asumir la finalización de los mismos si resultase necesario».

La sentencia, a juicio del letrado especialista en temas urbanísticos, «podría alterar el futuro panorama urbanístico de aquellas actuaciones que se iniciaron hace años y que nunca fueron terminadas, y, en consecuencia, de la administración que deberá asumir las responsabilidades correspondientes».

Los hechos juzgados se remontan a la pasada década. Sociópolis surgió como concepto en la II Bienal de València celebrada en 2003 y, tres años después, se fraguó esta «ciudad ideal» que ideó el arquitecto valenciano Vicente Guallart. El proyecto estuvo amadrinado por la entonces secretaria autonómica de Cultura y auspiciadora de las fallidas bienales de València, Consuelo Císcar, y se empezó a construir bajo la batuta de su marido y conseller de Territorio entre 2003 y 2006, Rafael Blasco.

De «ciudad ideal» a pesadilla

Sociópolis se tramitó en tiempo récord, teniendo en cuenta que se reclasificaron 348.643 metros cuadrados de huerta protegida. La primera piedra se puso el 23 de mayo de 2006 y las previsiones del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), promotor del proyecto y agente urbanizador del programa de actuación integrada (PAI) esperaba que los primeros vecinos vivieran en el barrio en 2009. Como a tantos otros programas urbanísticos de este tipo, la crisis le afectó de lleno, y no fue hasta 2011 que pudieron establecerse los primeros residentes.

En esta «ciudad ideal» convertida en pesadilla hay proyectadas 18 torres (2.800 viviendas), de las que apenas se han empezado la mitad, y están terminadas menos, donde viven apenas 200 vecinos que se quejan del aislamiento y la falta de conexiones en transporte público con la ciudad.

La empresa que ha ganado el contencioso a la Conselleria de Territorio es Grupo Valenciano de Vivienda SL Unipersonal. La mercantil adquirió la parcela R-20 del también conocido como sector la Torre, tras participar en un concurso público para la venta de parcelas de uso residencial, que debía destinarse a «la construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra, en la que el Ivvsa «asumió los costes de urbanización de la parcela, dado que el precio de la misma ya incorporaba dichos costes», según consta en la escritura pública de la compra de la parcela, fechada el 26 de marzo de 2008.

Un año después el Ayuntamiento de València concedía la licencia de obras para la construcción del edificio de 124 viviendas en la parcela R-20, que se dividió en tres fases que finalizaron el 14 de febrero de 2012, aunque el edificio no recibió la licencia de primera ocupación hasta el 13 de marzo de 2013.

La empresa solicitaba «la responsabilidad patrimonial por dejación de funciones e inobservancia de sus obligaciones legales como administración actuante y promotora de la urbanización», aunque el tribunal la ha rechazado por una cuestión formal.

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