El tercer día el juicio del caso Blasco, y segundo dedicado a cuestiones previas, vivió una dicotomía difícil de entender. La Fiscalía Anticorrupción anunció que ha llegado a acuerdos con diecisiete acusados de los 24 procesados en el segundo juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación.
El acuerdo supone reconocer los hechos de los que les acusa el Ministerio Público y reponer el dinero distraído, al contado o en propiedades. Aunque estos mismos acusados que admiten la malversación ante la Fiscalía (en acuerdos ya firmados desde el 6 de mayo) piden ante la Generalitat y la acusación popular de la coordinadora de ONGD la «nulidad de toda la actuación y el libre sobreseimiento de los acusados» porque se tramitó como un procedimiento abreviado, cuando debería haber sido un sumario, «con más garantías procesales para los acusados», según defendió el abogado del empresario Augusto Tauroni, José Vicente Gómez Tejedor.
Otro movimiento en direcciones aparentemente contradictorias fue el asunto del pago de la responsabilidad civil. Blasco formalizó la entrega como «dación en pago» de un bajo comercial valorado en 615.000 euros y Tauroni, un apoderamiento a favor de la Generalitat sobre la embarcación y los dos pisos en Miami valorados en más de dos millones de euros. Aunque el abogado de Rafael Blasco, Javier Boix, y el resto de defensas, intentaron tumbar y retrasar las indemnizaciones al intentar que el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València sólo determine la responsabilidad penal en esta causa, pero no la civil, que correspondería fijar al Tribunal de Cuentas como responsabilidad contable.
Responsabilidad civil
Una tesis que apuntaló el abogado de Marc Llinares, José Calatayud, al asegurar que los expedientes de la Conselleria de Solidaridad de los años 2009 y 2010 no se cerraron administrativamente, por lo que no se puede reclamar ninguna cantidad porque se desconoce el dinero desviado. Extremos que rechazaron tanto el Fiscal Anticorrupción como la Abogacía de la Generalitat, quienes recordaron que los expedientes fueron incautados por la Policía y sólo se pudieron cerrar «por el actual equipo gestor», según explicó la abogada de la Generalitat.
El tribunal decidirá si es o no competente para determinar la responsabilidad civil cuando celebre el juicio y dicte sentencia. Los magistrados también tumbaron las pretensiones de Blasco y Tauroni de llamar a una tanda de testigos que garantizarían el trabajo real en el hospital de Haití y realizar una comparativa con los expedientes de subvenciones concedidas a otras ONG.
