El grupo de alicantinos que presuntamente intentó extorsionar al fundaor de Wikileaks, Julian Assange, para no publicar grabaciones de audio, vídeo y otros documentos sobre su estancia en la embajada de Ecuador en Londres, llegó a rebajar a la mitad sus pretensiones económicas al no progresar su iniciativa. Así, los 3 millones de euros que los cuatro detenidos hace dos semanas exigían en un principio, se quedaron en millón y medio en los últimos compases de los tratos entre ambas partes, según se deduce de los correos electrónicos enviados por la trama.

Los cuarenta correos electrónicos con los que el grupo encabezado por el periodista José Martín Santos trataron de extorsionar a Assange, recogidos por la Cadena Ser, evidencian que la amenaza siempre consistía en difundir el material a través diferentes medios de comunicación si Wikileaks no aceptaba pagar. Los 'emails' están fechados entre el pasado 8 de marzo hasta el 10 de abril y siempre se mantienen entre el líder del grupo de extorsionadores y Kristinn Hrafnsson, el editor jefe de Wikileaks. Desde el primer minuto en el que la organización trata de vender el material la presunta red de extorsión pone un precio a los documentos que siempre se publicitan con «comunicaciones importantes entre agentes ecuatorianos e ingleses y americanos».

Los últimos cinco correos electrónicos fueron controlados por la Policía Nacional después de que Wikileaks presentase una denuncia por presunta extorsión. Después de una reunión en Madrid, los presuntos extorsionadores exigieron a los abogados de Assange que finalizase el acoso policial. Santos aseguraba en un mensaje que estaban «teniendo momentos angustiosos» porque estaban siendo controlados por la Policía Nacional en sus casas y en sus trabajos y que estba «siendo perseguidos por vehículos policiales». Por eso reclamó al editor jefe de Wikileaks que ordenara al abogado de Assange que «deje de coaccionarlos o tomarán medidas legales». De hecho, tal como informó Levante-EMV, Santos llegó a presentar una denuncia ante la Comisaría de Policía de Alicante, que fue archivada posteriormente por el juzgado. Finalmente, la extorsión no llegó a llevarse a cabo y la semana pasada fueron detenidas cuatro personas acusadas de formar parte de esta presunta red de espionaje, que quedaron después en libertad con medidas cautelares.

La querella presentada en la Audiencia Nacional contra esta presunta red de espionaje por el bufete de Baltasar Garzón asegura que el Gobierno de Ecuador grabó los movimientos de Julian Assange en su embajada de Londres a través de las cámaras instaladas por UC Global, que era la empresa que se encargaba de proteger al fundador de Wikileaks en un primer momento. Después una compañía de Ecuador, Promsecurity, grabó también el audio de sus conversaciones privadas y entre ellas las que mantuvo con sus abogados.