15 de mayo de 2019
15.05.2019
Tribunales

Cotino declara que participó en la visita del papa "por seguridad"

Alega ante la jueza que colaboró por sus cargos en la Policía - Presenta un informe que asegura que la Fundación del Encuentro de las Familias no era pública

15.05.2019 | 00:09
Cotino declara que participó en la visita del papa "por seguridad"

El exvicepresidente de las Corts Juan Cotino declaró ayer como investigado ante la jueza de Instrucción 5 y el Fiscal Anticorrupción que su participación en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006 fue «por seguridad», en atención a los cargos que había ostentado anteriormente como director general de la Policía, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración.

El también exvicepresidente del Consell abrió ayer la ronda de declaraciones de ocho de los diez investigados por las irregularidades en la visita papal, que se han retrasado desde el mes de enero. Ayer sólo quiso responder a las preguntas de la jueza y de su abogado defensor. Cotino tiene difícil explicar su papel capital en la organización del evento cuando en aquel momento sólo era conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación (2004-2007). De él han señalado varios testigos en las causas que han investigado las irregularidades y mordidas en la visita papal que era «el que cortaba el bacalo».

Incluso el magistrado del Juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional aseguró que «Juan Cotino actuaba como factótum en la Generalitat y en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvemf), aunque formalmente no ostentaba ningún cargo, manejando desde atrás la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que se asignara a RTVV la responsabilidad (e incompresiblemente la carga de la financiación) de la contratación» sobre las pantallas y la megafonía del evento, contrataciones que se investigan en una pieza separada de la trama Gürtel y que está pendiente de juicio.

Se desliga de las decisiones

Así que ayer intentó desligarse de la toma de decisiones alrededor de la visita del papa. E intentó atajar de raíz la causa que investiga el Juzgado de Instrucción 5 al presentar un informe de parte en el que niega que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvemf), creada a partes iguales entre el Arzobispado de València, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València, fuera pública.

El informe pericial de parte está firmado por el abogado del Estado en excedencia Javier Gómez-Ferrer Senent, actualmente al frente del departamento legal de la firma internacional de servicios profesionales de consultoría, Auditoría y Abogados BDO.

Gómez-Ferrer Senent llegó a coordinar el área de Penal de la Abogacía del Estado en la Comunitat Valenciana y ejerció la acusación en el caso Terra Mítica, entre otros. Una condición de funcionario público que ha quedado eclipsada por su nueva condición de perito de parte, ya que dedica la mayor parte de los 29 folios de su informe a desprestigiar y atacar las tesis defendidas por el inspector de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que ha elaborado varios informes sobre la Fvemf para el juzgado. Gómez Ferrer alude a la «arbitrariedad y ligereza del perito», a su «escaso rigor jurídico», sus «afirmaciones gratuitas» en «informes que no aportan argumento alguno» que, incluso, aportan «sedicentes anexos», para defender la tesis de que la Fvemf no puede ser considerada como una fundación pública y, por tanto, los once contratos investigados no debían someterse a la ley de contratos de las Administraciones Públicas, que es la tesis que defiende la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia inicial.

Los 11 contratos investigados suscritos por la fundación con otras tantas empresas sirvieron para contratar el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos, los alojamientos, la publicidad o la difusión del evento.

Después de Cotino declaró la ex alto cargo de Presidencia durante la etapa de Francisco Camps que ejercía de secretaria de la Fvemf, Henar Molinero, quien derivó toda decisión sobre la visita papal en los responsables del Arzobispado (entonces dirigido por Agustín García-Gasco, ya fallecido) y que ha supuesto la imputación de tres trabajadores y colaboradores de la institución eclesiástica.

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