El representante legal de la Fundación V encuentro mundial de las familias (FVEMF), el profesor de derecho procesal Javier Jiménez Fortea, que ha declarado esta mañana como investigado en la instrucción por las irregularidades de la visita del papa, ha aportado una autorización de la Universitat de València para compaginar su trabajo como docente con la representación de la FVMEF porque era «una entidad privada» y por tanto compatible con su trabajo en la UV.
La declaración de Jiménez Fortea da alas a las tesis de las defensas de que la investigación sobre los 11 contratos de la visita del papa acabará en archivo, al desmontar, aseguran varios letrados personados en la causa, el argumento sobre el que pivota la instrucción: que la fundación creada para la visita papal era pública y, por tanto, someterse a la ley de contratos de las administraciones públicas (LCAP).
Antes de Jiménez Fortea ha declarado Antonio Corbí, secretario del arzobispo ya fallecido, Agustín García-Gasco, quien ha jugado al gato y al ratón con los periodistas que esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia, para evitar ser fotografiado y grabado. Corbí es actualmente párroco de la iglesia de San Nicolás. También ha declarado que no se movía nada en la FVEMF sin que lo autorizara García-Gasco, de quien era secretario personal.
