17 de mayo de 2019
17.05.2019
Tribunales

La Fiscalía pide archivar la causa del circuito de F1 porque la Generalitat no acredita la malversación

Considera que la financiación ilegal del PP ya se investiga en otras causas y considera prescrita la prevaricación por el trato de favor a las consultoras Typsa y Ayesa

17.05.2019 | 11:34
Francisco Camps en la rueda de prensa que dio en el puerto para defender su inocencia y la utilidad de la F1 para València.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo de la instrucción por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1. La petición se produce apenas dos semanas después de que la titular del Juzgado de Instrucción 17 de València dictara un auto de procesamiento en el que ligaba la construcción del trazado urbano con la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

Un auto que ahora ha recurrido la Fiscalía Anticorrupción para que se actúe en sentido contrario: archivar la causa porque las presuntas irregularidades cometidas por las consultoras Typsa y Ayesa, por el presunto trato de favor que recibieron por parte de la Conselleria de Infraestructuras, que constituirían un delito de prevaricación habrían prescrito, por lo que no se podrían continuar investigando.

Además, el Ministerio Público también considera débil la conexión entre las irregularidades detectadas en el diseño, preparación y construcción del circuito con la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

"Las referencias efectuadas respecto a la financiación irregular del PP, quedan al margen de este procedimiento al estar siendo investigadas por la Audiencia Nacional", en la pieza separada de la trama Gürtel sobre los contratos menores adjudicados a las empresas de Francisco Correa y en la que se ha imputado a Francisco Camps, tras señalarlo Ricardo Costa en varias declaraciones como la "X" de la financiación ilegal del PPCV. 

La Fiscalía Anticorrupción también considera que no existió malversación, otro de los delitos que se atribuía a los acusados, porque así lo indica la propia Generalitat en un informe de la Intervención aportado a la causa.

"El informe emitido por la Intervención y en lo que respecta a los perjuicios causados a la Administración contratante, expone que no se ha especificado por el Juzgado motivo o hecho causante del posible perjuicio económico para la Generalitat atribuible a la adjudicación de los concretos contratos [del circuito de F1] efectuada por GTP", el ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP), según apunta el fiscal anticorrupción.

La Intervención de la Generalitat también ha analizado todos los expedientes de contratación y concluye que "no se constatan fehacientemente hechos o circunstancias que permitan apreciar, desde el ámbito competencial y de funciones de la Intervención General de la Generalitat, la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente, derivado de la adjudicación de los expedientes analizados".

Por tanto, considera la Fiscalía Anticorrupción, "habiéndose excluido la existencia de un perjuicio económico evaluable para la entidad pública GTP, no disponemos de elementos de prueba suficientes que permitan calificar los hechos, al menos a nivel de indicios, como un delito continuado de malversación de caudales públicos".

La magistrada apuntaba en su auto a cuatro empresarios beneficiados por los contratos, presuntamente, a cambio de donaciones de dinero al PP, aunque algunas de estas imputaciones resultaban dudosas, según juristas consultados por Levante-EMV.

Se trataba de Tomás y Rafael Martínez Berna de la empresa Hormigones Martínez que ya fueron condenados por la financiación ilegal del PPCV por la Audiencia Nacional; otro empresario investigado era José Mayor Oreja (hermano del exministro y representante de FCC) que ya está imputado en la causa de los «papeles de Bárcenas por estos mismos hechos; y Felipe Almenar Lafuente, presidente de Cyes, que logró el archivo en la investigación de una de las piezas de la trama Gürtel.

En esta causa también están investigados el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el vicepresidente Vicente Rambla, el exconseller Mario Flores y el exsecretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez Barcáiztegui, entre otros.

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