La asamblea feminista ha vuelto a denunciar la "represión" del Estado a través de la Ley Mordaza aplicada por parte de la delegación de Gobierno en València para amonestar a diversas participantes en la huelga del 8M de 2019. En concreto, varias activistas están recibiendo multas de tipo administrativo por valor de 5.000 euros, como ya sucedió el año pasado.

La asamblea lo califica de "ataque represivo" contra el movimiento y culpan al delegado de Gobierno socialista, Juan Carlos Fulgencio, como principal responsable. Solicitan que se retiren todas las multas tanto de este año como del pasado.

En 2018, las infracciones cometidas fueron "presuntas faltas de orden público" durante el día de la huelga. En concreto, alegaron que las feministas pidieron a los policías que hablaran en valenciano, que ocuparon las calles, que informaran sobre los piquetes oncstituidos y que protestaran por la "violencia policial" ejercida contra algunas activistas.

Tras varias concentraciones contra estas sanciones, Fulgencio se comprometió a revisar las denuncias pero la asamblea feminista asegura que no lo ha hecho todavía.

Denuncias por protestar ante el autobús de HazteOir

La asamblea también sostiene en el comunicado que hay dos activistas feministas y una del movimiento LGTBQI que fueron detenidas tras protestar ante el autobús de HazteOir, que llegó a València el 5 de marzo. Protestaron contra el mensaje "StopFeminazis, no es Violencia de Género, es Violencia Doméstica" que portaban, junto a la imagen e Adolf Hitler, y se les ha imputado delitos de incitacitación al odio y se pide 17.000 euros a cada una.