21 de mayo de 2019
21.05.2019
Tribunales

El fiscal avisa de que las penas de los pactos del caso Blasco puede elevarlas el tribunal

La defensa de Llinares pide no celebrar el juicio tras admitir los hechos para evitar "un circo" y denuncia, sin explicitar, "presiones" de las acusaciones

21.05.2019 | 00:41
Los veinticuatro acusados del caso Blasco por el desvío de las ayudas a la cooperación.

El Fiscal Anticorrupción del caso Blasco echó ayer un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de las defensas de que no se celebre el juicio tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la mayoría de las acusados al advertirles que las penas penales y pecuaniarias pactadas pueden ser aumentadas por el tribunal.

«En la delimitación de las responsabilidades pecunarias se puede fijar un suelo (en referencia a un mínimo), pero no un techo (un máximo)». El representante del Ministerio Público advirtió que la negociación de las conformidades va a ser «tensa y difícil» porque, por ejemplo, la responsabilidad civil y las cantidades a las que deben hacer frente los acusados «no están, porque va a ser objeto de debate» en el juicio.

Anticorrupción respondió así a la petición formulada por las defensas en la cuarta y última jornada dedicada a cuestiones previas en la que solicitaron que no se celebre el juicio a la vista de que la mayoría de acusados han alcanzado un acuerdo.

El abogado de Marc Llinares, José Calatayud, fue quien «capitaneó» la jornada de ayer, al plantear que su defendido, exjefe del área de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria de Solidaridad, admite los hechos que le imputan las tres acusaciones «para evitar que este juicio se convierta en un espectáculo y un circo» y que «los medios de comunicación saquen los acuerdos machacando a mi patrocinado que no tiene por qué aceptar que las ínfulas de alguno le afecten personalmente». Llinares entrega una vivienda en Dénia (395.000 euros) para hacer frente a la responsabilidad civil.

El abogado José Calatayud defendió la tesis de que los acusados que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía «admiten los hechos, que son los mismos en el escrito de acusación del Ministerio Público y en el resto de acusaciones (Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD)». Por lo que, a juicio del letrado, «no hace falta acreditar la carga de la prueba. No es necesario continuar [con la vista]», ni que desfilen los 86 testigos previstos en un juicio de tres meses. «Nos conformamos en el sentido literal, a pesar de que se coacciona a acusados para que declaren de una determinada manera», asestó Calatayud.

«Las conformidades son libres»

En un receso, el abogado declinó identificar qué acusados han recibido presiones, aunque sí aseguró a Levante-EMV que las acusaciones han ofrecido rebajas de penas a cambio de cambios de declaración para acusar a determinadas personas. Una grave afirmación a la que contestaron las tres acusaciones, pero sobre la que no adoptó ninguna decisión el tribunal.

«Niego categóricamente la existencia de presiones y coacciones», zanjó tajante el Fiscal Anticorrupción. «Si tuviéramos conocimiento tomaríamos medidas. Las conformidades son libres, sin verificación del tribunal, y sin necesidad de incriminar a otro acusado. Esto que quede claro», defendió.

La abogada de la Generalitat aseguró que «coacción ninguna. Son los acusados quienes se acercan [a negociar con ellos]. Y en el informe final actuaremos en consecuencia». Por último, el letrado de la Coordinador Valenciana de ONGD calificó de «sinsentido» la acusación sobre las supuestas coacciones, que «no tiene cabida en este plenario. Si hay delito que lo denuncie en el juzgado de guardia. No buscamos el escarnio de nadie sino ejercer nuestra labor de forma digna».

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