La Asamblea Feminista de Valencia denuncia haber recibido más de 5.000 euros en multas de diversa cuantía que alegan «cortes de carreteras y calles» durante las protestas del pasado 8 de marzo y considera que «se aplican de manera injusta por ejercer el derecho de huelga y piquete». El colectivo afirma que «se trata de un nuevo ataque represivo contra todo el movimiento feminista» y señala al delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, como «principal responsable». Por ello, pide «la retirada de todas las multas del 8M en procesos abiertos del año pasado y del presente».
Del mismo modo, también incide en que pocas semanas después del 8M de 2018, «el movimiento feminista recibió más de 6.000 euros de multas amparadas bajo la antidemocrática ley mordaza por presuntas faltas de orden público durante el día de la huelga». En aquel momento, «las causas que se alegaron contra las feministas fueron pedir a un policía que hablara en valenciano, ocupar las calles durante una huelga legal, informar en los piquetes constituidos para ello y protestar por la violencia policial ejercida contra las activistas», asegura la Asamblea.
Después de haber realizado varias «acciones de denuncia», y «haber conseguido la palabra del delegado de gobierno, Juan Carlos Fulgencio, de revisar las multas», cosa que «no ha hecho», las personas multadas se encuentran a la espera de juicio «después de un año haciendo y denunciando que estas multas atentan contra el derecho de manifestación durante una huelga feminista legalmente convocada».
Denunciadas por Hazte Oír
Por otro lado, la plataforma también indica que «ya son dos las compañeras feministas detenidas, junto con un activista Lgtbqi, por los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo de 2019, cuando el autobús de la asociación fascista y ultracatólica Hazte Oír trató de entrar a València». El vehículo exhibía el lema '#StopFeminazis, no es Violencia de Género, es Violencia Doméstica', ilustrados con una figura del dictador Adolf Hitler con los labios pintados. «Las tres personas detenidas han sido denunciadas por Hazte Oír y están imputadas por delitos de incitación al odio por los que se pide 17.000 euros a cada una», critica la organización feminista.
A este respecto, la Asamblea asegura que «estos hechos no son aislados ni tampoco coincidencia, sino que forman parte de la estrategia represiva hacia el movimiento feminista ejercida por varias ramas del sistema patriarcal: el Estado, por un lado, y grupos reaccionarios por otro, que se sienten amenazado ante la fuerza y la autonomía adquirida por el feminismo en estos dos años».
