La Audiencia Nacional ha paralizado el juicio que estaba previsto celebrarse ayer sobre las bolsas de empleo temporales de À Punt hasta decidir si la sala de lo Social es competente para juzgar la causa.

La resolución de la demanda interpuesta por la Unió de Periodistes a la radiotelevisión vuelve a retrasarse una vez más. La Audiencia Nacional reveló que en caso de tener potestad para resolver la causa, citará a los más de 400 trabajadores actuales de À Punt para que decidan si quieren personarse como perjudicados por la demanda, que cuestiona el baremo utilizado en las bolsas de empleo que beneficiaban a los extrabajadores de Canal 9.

El recurso podría suponer un perjuicio para su puesto como trabajadores del ente público y por ello la Audiencia quiere darles la opción de tomar partido, tal como la Unió de Periodistes recomendó en la demanda que presentaron. Sin embargo, ayer lamentaron que la dirección de la radiotelevisión no hubiera avisado a sus empleados de que existe un procedimiento judicial por el baremo que les ha permitido entrar en el ente y, por tanto, están en su derecho de personarse.

Si la Audiencia Nacional se declara competente, se celebrará el juicio. De no serlo, la opción de personarse en el proceso por parte de los trabajadores quedará abierta sea quien sea el órgano judicial que dirija la causa. La demanda se elevará al Tribunal Supremo para que decida quién es el órgano adecuado, y podría volver al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana si así lo considera.

Además, según reveló ayer la Unió de Periodistes, la Fiscalía comunicó a los abogados de las partes que defenderá que el baremo utilizado para optar a una de las plazas es discriminatorio y favorece a los extrabajadores de Canal 9 en detrimento del resto de profesionales de otros medios de comunicación.

Es la razón por la que la Unió de Periodistes interpuso la demanda, ya que observan tres causas que perjudican a los que no formaron parte de la plantilla del viejo ente. En primer lugar, el baremo de À Punt primaba la experiencia de los extrabajadores para optar al mismo cargo que ejercían en Canal 9. Si ese cargo se había desarrollado en otro medio, se puntuaba muy por debajo. Además, haber superado la oposición para la radiotelevisión valenciana también contaba como puntos extra en la nueva televisión. Por último, el hecho de haber trabajado en la extinta Canal 9 también contaba como mérito.

En febrero, el juicio fue aplazado por parte del Juzgado de lo Social número 5 de València cuando los sindicatos de la radiotelevisión UGT, CC OO e Intersindical, así como la Abogacía de la Generalitat (que ejerce de defensa de la cadena), alegaron la falta de competencia del órgano para actuar.

Los sindicatos y la Abogacía entendían que el recurso de la Unió afecta a trabajadores cuyo lugar de trabajo está en Madrid, Barcelona, Castelló y Alicante y no solo en València, aunque para la asociación todos dependían en última instancia de la sede de Burjassot.

La Unió de Periodistes siempre ha considerado que el baremo establecido vulneraba «el principio de igualdad» entre los profesionales del sector.