La Intervención General de la Generalitat concluye en el informe aportado al Juzgado de Instrucción 17 de València, que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 de València, que «no se constatan fehacientemente hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente» por la construcción del trazado.
Un perjuicio que el órgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat no contempla en las obras del circuito porque, recuerda, estas deben ser abonadas por el Ayuntamiento de València, tal como se estableció en un protocolo y un convenio de colaboración suscritos entre el consistorio, la Conselleria de Infraestructuras y el ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) el 5 de julio y 28 de septiembre, respectivamente.
Los dos interventores que suscriben el informe recuerdan que estos dos acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat «contemplan de manera expresa que el 100 % del coste real soportado por GTP derivados de los proyectos constructivos» del circuito de Fórmula 1 «serán objeto de retorno por parte del Ayuntamiento de València, mediante la imposición de un canon de urbanización a los propietarios del futuro sector 'Grao', o al urbanizador que en su día se seleccione, sin perjuicio de establecer cualquier otra fórmula que el Ayuntamiento de València considere adecuada», según la pericial aportada al Juzgado de Instrucción 17 el pasado 2 de abril al que ha tenido acceso Levante-EMV.
La construcción del circuito de Fórmula 1 tuvo un coste para las arcas públicas del Consell de 88.829.624,91 euros, según comunicó la misma Intervención de la Generalitat al Tribunal de Cuentas en un escrito fechado el 12 de diciembre de 2018. La «factura» que debe abonar el Ayuntamiento de València al Consell (por la parte del circuito incluida en el plan parcial del Grao) asciende a 45.945.481 euros.
Una deuda municipal que el ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) refleja en su contabilidad desde el año 2009» y que han ido reiterando las empresas públicas sucesoras del GTP, actualmente la Entitat valenciana d'habitatge i sòl (EVHA).
El año 2009 fue la fecha en la que el GTP cedió formalmente las obras de la «conexión Alameda-Avenida de Francia-Puerto de València y pasarela peatonal sobre el Túria» el eufemismo con el que se mencionaba al circuito en todos los contratos públicos. Un acta fechada el 23 de diciembre de 2009 suscrita por el entonces concejal de Urbanismo y actual diputado, Jorge Bellver, y el director del GTP, Antonio Carbonell, al que se investiga en esta causa.
Deuda reconocida pero impagada
A pesar del tiempo transcurrido, la Generalitat no ha reclamado al Ayuntamiento de València los 45,9 millones de euros ya que estos deberá abonarlos el agente urbanizador que se encargue de ejecutar el nuevo barrio del Grao. «El Ayuntamiento de València reconoce la deuda, si bien considera que la obligación de pago de la misma no ha vencido ya que está supeditada al desarrollo de la actuación urbanística en la zona Grao que hasta la fecha no se ha producido», señala la Intervención.
El informe de la institución fiscalizadora es en el que se basa la Fiscalía Anticorrupción para solicitar el archivo de la investigación, como informó Levante-EMV el pasado viernes, ya que considera que si no ha habido perjuicio al erario no se puede acreditar la malversación, delito del que se acusa al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exconseller de Infraestructuras, Mario Flores, entre otros. Respecto a la presunta prevaricación que se invesiga la Fiscalía Anticorrupción también considera que estos hechos han prescrito para poder ser perseguidos penalmente.
