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Concurso

À Punt contrata una asesoría jurídica pese a tener un servicio propio

Busca una consultoría externa para no errar en la contratación pública dado que su personal no es "suficiente"

À Punt contrata una asesoría jurídica pese a tener un servicio propio

La plantilla de À Punt no da a basto y el equipo de trabajo en el departamento jurídico no es «suficiente». Es la justificación de la radiotelevisión valenciana para sacar a concurso público un servicio de asesoramiento jurídico por valor de 90.000 euros que funcionará como consultora del ente en ocho áreas del Derecho durante dos años. En estos momentos, la radiotelevisión valenciana dispone de dos técnicos jurídicos que trabajan junto a dos auxiliares administrativos, pese a que en la relación de puestos de trabajo de la Corporació Valenciana de Mitjans Públics se contempla un equipo de tres técnicos y un director del departamento jurídico.

Los cuatro profesionales que hoy gestionan los asuntos jurídicos de la casa no llegan a todo, por lo que À Punt pone como condición que la empresa adjudicataria debe proporcionar diez profesionales que estén especializados en todas las materias del Derecho con las que lidia cada día la televisión: administrativo, mercantil, civil, laboral, fiscal, contable, audiovisual, penal y de protección de datos. Diez expertos más un coordinador para resolver las dudas jurídicas del ente.

Se trata de contar con un equipo «multidisciplinar» que asesore a la radiotelevisión en los múltiples campos en los que trabaja y la legislación que regula todos ellos.

En el área del Derecho Administrativo À Punt necesita asistencia en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a la ley del Sector Público. Se trata de evitar cualquier «práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores» con el fin de «impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación». Es decir, evitar que haya un pucherazo en la adjudicación de sus contratos.

De la misma manera que necesitan un apoyo en materia administrativa, también recurrirán a la consultora externa en el área fiscal. La entidad que dirige Empar Marco quiere estudiar todas las operaciones fiscales que, como empresa pública, debe realizar, y conocer las exenciones fiscales y al pago del IVA, como especifica en el pliego de condiciones. En esta materia, busca expertos en contabilidad que tengan una visión global de las cuentas del ente, tanto individuales como consolidadas y, en su caso, ayudar a confeccionarlas.

En el pliego, admiten que la empresa adjudicataria deberá responder consultas sobre la legislación patrimonial de la Generalitat y la legislación de Hacienda.

Diez contratos, a juicio

Asimismo, el ente espera poder tener un apoyo a la hora de redactar contratos, convenios y dictámenes que pueda solicitar tanto la Corporació como la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació. Las dudas también alcanzan a la negociación colectiva con sindicatos y a la contratación de personal, una causa que llevará a Marco y al presidente del consejo rector, Enrique Soriano, a declarar en el Juzgado de Paterna, citados en una investigación por presunta prevaricación en diez contratos de personal y por una posible adjudicación irregular al proyecto de una productora. De hecho, en el pliego se especifica que la consultora externa debe conocer el Derecho Audiovisual para poder prestar asistencia en los contratos para realizar una producción asociada o una coproducción.

Con estos mimbres, el departamento propio no da a basto. La empresa adjudicataria trabajará para los dos pilares que sustentan a À Punt y, como sociedad, también buscan conocer la legislación contractual de compraventa y arrendamiento de las propiedades. Dado que diversas plantas de la sede de Burjassot están vacías y el alquiler a RTVE no prosperó, À Punt se encuentra con espacios inutilizados que podrían salir al mercado.

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