La aplicación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública valenciana, uno de los asuntos más controvertidos del actual Consell en funciones, será una de las primeras patatas calientes que tendrá que abordar el futuro Botànic. El asunto sigue sin ser pacífico a pesar de que la ley que lo regulará está prácticamente lista para salir del horno. De hecho, solo faltaba el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un dictamen que ya ha sido emitido y que vuelve a crear turbulencias, aparentemente superadas.
Tal como adelantó ayer Levante-EMV, el Jurídic no ha puesto pegas al hecho de que por primer vez en la historia se exija conocer el valenciano como paso previo a ser personal público, si bien ha puesto en solfa que esta regulación sea «automática».
Es decir, que en caso de no llegar a un acuerdo sobre el nivel de conocimiento de la lengua exigido para cada puesto de trabajo, se aplique supletoriamente. Compromís apretó para que se incluyera esta cláusula con el fin de que si no había reglamento en un año, el requisito fuera realidad.
El retraso en la tramitación de la ley (el PSPV siempre tuvo dudas) ha hecho que sea, en el último minuto de la legislatura, y con un gobierno en funciones cuando el texto está completo, pero con un informe que pide cambios por «seguridad jurídica».
Fuentes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas declinaron ayer pronunciarse sobre el criterio del Jurídic al alegar que el Gobierno está en funciones. Fuentes de la conselleria indicaron que se consensuó el texto del Anteproyecto de Ley de la Función Pública Valenciana y se remitió a las correspondientes entidades consultivas en la pasada legislatura.
«El dictamen del CJC ha llegado estando en funciones la conselleria y el Gobierno valenciano. Es por ello que, una vez iniciada la nueva legislatura, será quien asuma las competencias en materia de Función Pública, así como el nuevo gobierno, quienes deberán abordar y decidir el futuro de esta ley».
Tampoco desde la Conselleria de Educación se quiso dar una opinión al respecto. Desde el departamento de Marzà se limitaron a señalar que el texto fue remitido al Consell por la Conselleria de Justicia y que es este departamento quien debe emitir su valoración. En cualquier caso, parece evidente que el futuro Botànic tendrá que abordar este tema sin que ahora pueda haber muchas excusas para la demora. El anteproyecto está completo, pero el reparo del Jurídic es de carácter esencial. Los informes del CJC no son vinculantes, pero lo normal y en aras a la seguridad jurídica, es que se haga caso y se elimine la cláusula.
Aplicación laxa o estricta
En el dictamen, el CJC pasa por alto el artículo concreto que introduce el valenciano como requisito de acceso, lo que indirectamente supone un aval y puede enseñar el camino hacia futuros recursos. Tampoco hay alusión alguna a la disposición que deja a los sanitarios la puerta abierta a no tener que acreditar el valenciano.
Así las cosas, la única fuente de conflicto podrían ser las garantías que exija Compromís para evitar que el reglamento posterior (donde debe fijarse el nivel necesario para cada puesto) se eternice. Con todo, la negociación del detalle será complicada porque una parte del Consell (la más nacionalista de Compromís) apuesta por una exigencia similar a la recogida en la disposición cuestionada. Es decir, que para ser funcionario del grupo más alto sea imprescindible el máximo nivel de conocimiento del valenciano, mientras que una parte del PSPV apostaría por un requisito más laxo. Aunque ese asunto tan de detalle no ha llegado a negociarse formalmente, existe también una fuerte división entre los principales sindicatos.
Además, todo apunta a que la presión para que el tema no se quede en un cajón crecerá por parte de algunos sectores conforme se avance en la legislatura. De momento, Acció Cultural (que en su momento movilizó a sindicatos, universidades y entidades para alcanzar un acuerdo en materia lingüística) emitió ayer un comunicado en el que prefirió quedarse con el veredicto a favor del requisito lingüístico que dictó el Jurídic. Mientras, el PP podría plantear un recurso como ya hizo con el requisito lingüístico en usos administrativos, por el que los tribunales le dieron la razón.
