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Polémica

El retraso de las ayudas de Labora deja sin cobrar a 7.000 personas con discapacidad

La patronal de los Centros Especiales de Empleo cifra la deuda del sector en 8 millones de euros

Una de las manifestaciones de los Centros Especiales de Empleo (CEE), en València.

Una de las manifestaciones de los Centros Especiales de Empleo (CEE), en València. fernando bustamante

El problema se repite cada año. Desde la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agelvalcee), como patronal del empleo y agente social de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana, denuncia, un año más, el retraso en el pago de las ayudas salariales del año 2018 para los Centros Especiales de Empleo (CEE).

Esta situación afecta directamente a los más de 7.000 trabajadores con discapacidad de la Comunitat Valenciana que trabajan en los CEE, y ven que sus puestos de trabajo están en riesgo. «Hay que recordar que los CEE se han convertido en el dinamizador del empleo social (personas con discapacidad y en riesgo de exclusión), pues son los que dan trabajo a más de un 40% del total de la contratación de la autonomía. No se entiende por qué Labora [el antiguo Servef] castiga a los CEE», afirman desde la patronal.

Y es que los CEE están pendientes del cobro de más del 50% de las ayudas del pasado año, aunque los expedientes ya están resueltos. El presidente de Agevalcee, Juan José Serrano Jiménez, señala que «somos una de las comunidades que mayores restricciones tiene en referencia a la orden de ayudas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no realizan los pagos cuando ya está todo resuelto? Este dinero se tenía que haber cobrado todo en diciembre del 2018. Estamos al límite de nuestros recursos». La consecuencia es que los profesionales y trabajadores están sin cobrar.

«Los CEE de la Comunitat Valenciana están con el agua al cuello debido a la deuda que tiene contraída Labora, cifrada por el sector en aproximadamente 8 millones. El Gobierno español ha destinado a la Comunitat Valenciana un presupuesto para subvencionar estas políticas de ocupación. Pese a ello, Labora concede subvenciones con cuentagotas y no acaba de ponerse al día», añade Juan José Serrano.

Sin margen de maniobra

La competencia legislativa sobre los CEE es estatal. La Administración valenciana tiene la competencia ejecutiva, que incluye la potestad reglamentaria y aplicar la norma. La Conferencia Sectorial, donde la Administración está representada, acuerda la financiación necesaria para cada comunidad autónoma en relación a sus políticas de empleo. «Este tema se ha convertido en algo repetitivo año tras año, y llevamos tiempo exigiendo que se adopten soluciones definitivas», añade.

La patronal reconoce que el sector tiene un «grave problema» pues los centros han incrementado sus costes, pero no están recibiendo ayudas y esto, unido al incremento del 22 % Salario Mínimo Interprofesional (SMI), «provoca que económicamente los CEE no se van a poder mantener lo que llevará al cierre de muchos de ellos como ya ocurrió en el 2012. En la Comunitat Valenciana están asfixiando a los CEE, pues no pagan las subvenciones y las exigencias por parte de la Administración son cada vez mayores. No queda ya más capacidad de endeudamiento ni hay margen de maniobra».

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