El PSPV, Compromís y Podemos no se anduvieron ayer con ambigüedades a la hora de valorar la decisión de la jueza de seguir investigando al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de la Fórmula 1 de València durante su mandato. Con el respeto a la justicia por delante, los representantes de los tres partidos del bloque de la izquierda hablaron de «irresponsabilidad política» de Camps y «saqueo de las arcas públicas».

Por su parte, desde el PPCV y Ciudadanos adoptaron la postura de apelar al «respeto a la justicia» y el «no entramos a valorar cuestiones que están en manos de los jueces» de los populares, y el «que se investigue lo que se tenga que investigar» de la formación naranja, que tampoco quiso entrar a hacer más valoraciones.

El portavoz del grupo socialista en las Corts, Manolo Mata, señaló que es «normal» que la Fiscalía y la jueza disientan, porque «la justicia no es una ciencia exacta». Eso sí, para Mata «es evidente» que con esta actuación, el expresidente «creó un plan para sacar rédito electoral a la Fórmula 1». El socialista considera que Camps «utilizó los medios de la Generalitat para hacer obras no previstas, las cuales hizo creer que saldrían gratis a los valencianos, cuando no era así».

Para Fran Ferri, de Compromís, «sigue siendo noticia el saqueo del PP con la Fórmula 1». El síndic de la coalición se mostró confiado en que «avance esta causa y también la que impulsamos nosotros en el Tribunal de Comptes, para recuperar el dinero saqueado con la Fórmula 1». El dirigente también dijo que «los valencianos necesitamos a los corruptos en los juzgados y lejos de las instituciones».

Por su parte, Rubén Martínez Dalmau, candidato de Podem a las elecciones autonómicas del pasado 28A, considera que si la jueza ha visto razones para continuar con el proceso es porque «el asunto puede ser muy grave».

El representante de la formación morada recuerda que Camps «ya ha pagado sus responsabilidades políticas» cuando dimitió como presidente, pero recuerda que sigue como miembro del Consell Jurídic Consultiu, algo que, como dijo ayer, aspira a cambiar durante la nueva legislatura en la que entrará a formar parte del gobierno autonómico.

Como ayer publicó este periódico, la magistrada afea a la Fiscalía su postura de pedir el archivo de la causa y sí que ve malversación en el asunto.