La organización no gubernamental Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud) sólo había realizado desde su creación en 2004 proyectos de cooperación que no superaban los 20.000 euros. Presidida por el exsecretario autonómico del sindicato de enfermeria SATSE, Rafael Barrera Cucarella, entre los años 2009, 2010 y 2011 Fudersa dio el pelotazo al pasar a gestionar más de un millón de euros en los seis proyectos de cooperación en la República Dominicana que le adjudicó la Conselleria de Solidaridad dirigida por Rafael Blasco.
Barrera Cucarella se sentó ayer en el banquillo de los acusados del caso Blasco, en el que se enfrenta a siete años y ocho meses de cárcel por tres delitos de fraude en las citadas subvenciones que deberían haber servido para garantizar la "soberanía alimentaria" de la región más deprimida de la República Dominicana: Monteplata". El acusado no ha llegado a ninguna conformidad con la Fiscalía Anticorrupción ni con ninguna de las otras acusaciones, ya que se declara inocente.
El enfermero intentó justificar que el dinero recibido se destinó a los fines previstos porque él se encargaba de realizar el seguimiento y fotografias. Aunque Barrera Cucarella no pudo explicar cómo parte del dinero recibido de la Generalitat acabó en el conglomerado de empresas presuntamente creado por el empresario Augusto César Tauroni para justificar trabajos que las acusaciones del caso Blasco consideran inexistentes. De hecho, al final no tuvo más que admitir que no recuerda o desconoce el destino del dinero que se ingresó a estas empresas de la trama.
Según las acusaciones, Fudersa tenía experiencia en la gestión de pequeños proyectos solidarios, de unos 20.000 euros, en los que había participado de la mano de la Fundación Hospital General, dirigida por Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco. Cuando Fudersa comenzó a recibir la lluvia de subvenciones entre 2009 y 2011, Barrera Cucarella asegura que un trabajador de la Fundación Hemisferio se ofreció -controlada por Tauroni- para redactar los proyectos y preparar todo perfecto desde el punto de vista técnico".
Aunque la inexperencia de Fudersa y del propio Barrera Cucarella les hizo cometer errores de bulto, como adquirir el material para los invernaderos, tractores o material agrícola en València para trasladarlo a la República Dominicada, cuando lo habitual y se exige en las subvenciones de cooperación es que "estos materiales se adquieran en el país donde se va actuar para favorecer la economía local", como se encargó de recordar el abogado de la CVONGD, que ejerce la acusación popular.
De los invernaderos -que pudieron verse en un completo estado de abandono en el documental de Àpunt dedicado al caso Blasco- el acusado defendió que "en ningún caso eran cuatro hierros, como se quiere hacer ver. Aunque para estos menesteres Fudersa recibió 345.000 euros, pero una auditoría sobre el invernadero calculó que no debió costar más de 1.000 euros. Aunque sí justificó todo el trabajo e "movimientos de tierras, búsqueda de aljibes y formación agrícola a las mujeres". Aunque no pudo justificar las constantes transferencias -en ocasiones superiores a los 70.000 euros- que desde las cuentas de Fudersa se realizaban, una vez recibida la subvención y de forma sistemática, a las firmas Dinamiz-e, Arcmed o GCS, todas ellas controladas por Tauroni.
Unas transferencias que, según explicó Barrera Cucarella, le eran ordenadas por Joaquín Rafael Blasco (sin relación con el conseller, está citado en este proceso como testigo), directivo de la Fundación Hemisferio, y él no las cuestionaba, porque consideró lógico que hubiese que realizar inversiones para preparar cada proyecto. "No vi nada extraño, no tenía ni idea", ha respondido en varias ocasiones al ser preguntado por la función que desempeñaban, la propiedad o la actividad real y capacitación de las empresas hacia las que desvió los fondos que obtuvo de la Generalitat.
Algunas de las empresas a las que fueron a parar esos fondos públicos estaban radicadas en los Estados Unidos, tal y como ha recordado el fiscal, una circunstancia que tampoco levantó ninguna sospecha en ese procesado, que consideró "lógicos" esos desembolsos "porque había que hacer muchos trabajos previos". Preguntado por la Abogacía de la Generalitat sobre el motivo por el que subcontrató prácticamente la totalidad del proyecto e incluso realizó compras y contrataciones fuera del país de destino (República Dominicana), Rafael Barrera ha aludido a la "tremenda picaresca" reinante en ese país. Y concluyó: "Soy absolutamente inocente de todas estas cuestiones que se están planteando aquí".
