«Que el presidente dijera que el circuito de F1 de València no iba a costar un euro pero que costara ochenta y ocho millones no es delito», asegura la Fiscalía Anticorrupción en un nuevo escrito en el que insiste en pedir el archivo de la causa que investiga las presuntas irregularidades en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1 de València. La situación no ha variado para el Ministerio Público, que insiste en que no existe la presunta malversación en el diseño y construcción del circuito de F1 en València. Y la presunta prevaricación que se podría haber cometido al amañar el contrato a Typsa prescribió el 27 de septiembre de 2017, cuatro meses antes de que se presentara la primera denuncia ante el Juzgado de Instrucción 17 que habría interrumpido el plazo de prescripción.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda a la jueza de Instrucción 17 que si considera que hubo malversación agravada (que prescribe a los quince años y permitiría continuar investigando la causa) «debe ser cuantificada, explicada y justificada con un entopercimiento del servicio público». Algo que, desliza el representante del Ministerio Público, «evidentemente no realiza en ninguno de los autos, ni concreta las personas responsables de las infracciones, ni los hechos, o cantidades supuestamente malversadas». Además recuerda que «el concepto jurídico de malversación tipificado en el momento de los hechos se centra en el verbo sustraer y no tiene el mismo significado que se maneja vulgarmente; el término 'sustraer' se debe ser interpretado en el sentido de separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos públicos, apartándolos de su destino para hacerlos propios».

Por ello la Fiscalía Anticorrupción considera que ni el auto de procesamiento, ni el que dictó la jueza la semana pasada «contienen presupuesto para integrar los hechos en el delito de malversación de caudales». Porque «decir que el circuito costó ochenta y ocho millones de euros y que dijo el presidente que no iba a costar un euro o que existan trámites para revertir administrativamente cuarenta y cinco millones de euros contabilizados como deuda en el Ayuntamiento de València, no integra ningún delito». Como tampoco supone una infracción penal, recuerda la Fiscalía, que «haya supuesto la construcción del circuito un coste para las arcas de la Generalitat, pues lo que integra el tipo [del delito] es apropiarse o consentir que otro se apropie de los efectos o caudales. Y, como es público y notorio, el circuito se realizó y el Gran Premio de Fórmula 1 se celebró».

Ahora la causa está en manos de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, y que debe decidir si acusa o solicita también el archivo de la causa. Los letrados del Consell habían solicitado una prórroga para poder contestar a la petición de la Fiscalía, pero la jueza ha denegado este aplazamiento.