La decena de acusados en la causa que investiga las irregularidades de la visita del papa intentan tumbar la causa, con solicitudes de nulidad y peticiones de archivo. Pero la Fiscalía Anticorrupción sigue su propio camino y acaba de agriar la resaca electoral al Partido Popular al solicitar la declaración como testigo de la presidenta del PP, Isabel Bonig, por su condición de presidenta del consejo de administración de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético SA) cuando fue consellera de Infraestructuras (2011-2015).

Vaersa fue la empresa designada por la Generalitat para arreglar un roto y un descosido en la organización de la visita del papa Benedicto XVI cuando visitó València en julio de 2006. Fue una especie de «chicos de los recados, porque nos encargaban todos los trabajos que no querían realizar las otras empresas», según ha declarado en la causa un jefe de obra de Vaers.

La suma de todos estos encargos hizo que la empresa pública Vaersa se gastara 850.000 euros en los preparativos de la visita pontificia. De esta cantidad, sólo 447.423,85 euros de gasto estaban amparados por los dos contratos suscritos entre el director de Vaersa en 2006 (ya fallecido) y la Fundación V encuentro mundial de las familias (FVEMF). El resto -519.011,65 euros- se condonaron por la Generalitat o se perdieron en el limbo administrativo. Y a estos detalles tendrá que responder como testigo Isabel Bonig, lo que le obliga a decir la verdad, ya que la dirigente popular no puede ser citada de otra manera. Al ser diputada en las Corts está aforada y cualquier indicio de incriminación debe ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Fiscalía Anticorrupción también pide a la Jueza de Instrucción 5 que cite a declarar a los dos exdirectores de Vaersa (Enrique Simó y Felipe Espinosa, investigados en esta causa) y la exsecretaria autonómica Maria Ángeles Ureña. La magistrada también deberá decidir si convoca a otros organizadores de la visita del papa como el exconcejal del Ayuntamiento de València, Miquel Domínguez, Fernando Giner y Juan José Medina (expresidente y exvicepresidente de la Diputación de València), además de los representantes de las empresas Cuco SL y Trasgos SL, investigadas en una pieza del caso Taula por presuntamente contribuir a financiar ilegalmente al PP de la ciudad de València durante la campaña electoral de 2011 y que realizaron diversos trabajos para la FVEMF.