La Abogacía de la Generalitat se ha opuesto ante el Tribunal de Cuentas a «la venta directa» del chalé del exconseller Rafael Blasco y un campo de naranjos porque «la valoración de la misma se ha practicado sin inspección ocular de los inmuebles y,por ello, no se puede conocer fehacientemente el estado de conservación de las plantaciones [de naranjos] ni de las viviendas o construcciones existentes (tres en total)», según consta en una notificación del tribunal contable fechada el miércoles a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Por ello, el Tribunal de Cuentas decide, en esta misma resolución, «dar traslado a la representación procesal del señor Blasco, a fin de que en el plazo de cinco días, solicite la tasación de dichos inmuebles a los técnicos especialistas en valoración de inmuebles de la Conselleria de Hacienda y/o Instituto Valenciano de Administración Tributaria». Una valoración en la que el tribunal económico también acepta la «posible colaboración de técnicos agrícolas de la Conselleria de Agricultura, en aras de acreditar que el precio de venta se encuentra en rango de mercado, dando cuenta de ello a este departamento», según refleja la citada notificación.
Sin embargo, Blasco podría haber declinado en los últimos días que técnicos de la Generalitat revisen sus posesiones, a pesar de que en una de las sesiones del segundo juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación protagonizó un gesto de buena voluntad y aseguró que permitiría la entrada la entrada en el chalet familiar de la Barraca d'Aigües Vives para que técnicos de Hacienda realicen una tasación propia del inmueble.
La mansión familiar de Blasco está ubicada en la Barraca de Aigües Vives, la entidad local menor dependiente del municipio de Alzira. Y también está embargada por el Tribunal de Cuentas para que el exconseller haga frente -junto a otros cuatro miembros de la trama- a la responsabilidad contable a la que fueron condenados por el Tribunal de Cuentas por el desvío de las ayudas a la Fundación Cyes (la primera pieza del caso Blasco que se juzgó). En la condena penal que le impuso el TSJCV, modificada mínimamente por el Supremo, el alto tribunal no lo condenó a responsabilidad civil, ya que consideró que no actuó en beneficio propio «sino de otros». Esta primera cantidad a devolver por Blasco y cuatro condenados más asciende a 1.951.290 euros, de los que 1.623.819 euros corresponden a las subvenciones a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua de los que sólo llegaron a su destino 43.953 ?. Los restantes 327.470 euros se corresponden a los intereses.
Segundo juicio pendiente
De esta cantidad se ha podido recuperar, por ahora, 650.000 euros. Entre ellos, 59.000 euros de las pensiones como funcionarios embargadas a Blasco, su secretaria general administrativa de cabecera, Tina Sanjuan, y la nómina del exsubsecretario Alexandre Català. Cuando finalice el segundo juicio del caso Blasco se determinará si tiene responsabilidad civil o sólo contable. Aunque ya ha entregado un bajo comercial de un familiar para alcanzar la conformidad con la Fiscalía.
