La Audiencia Nacional juzgará los próximos 7, 20 y 21 de junio al cerebro del caso Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, a un empresario y sus dos hijos por presunto blanqueo de capitales del dinero saqueado en la depuradora de Pinedo. La vista se aplazó en enero a la espera de la documentación sobre las cuentas bancarias utilizadas y solicitada a Andorra, tal como informó Levante-EMV.
El aplazamiento se adoptó tras solicitarlo los acusados ya que consideran que los extractos de las cuentas bancarias demostrarán que el dinero ingresado no procedía de Emarsa. Jorge Ignacio Roca Samper también alegó que no puede sentarse en el banquillo por estos hechos ya que cuando fue extraditado en 2016 desde Moldavia a España, entre la lista de delitos alegados, no figura el de blanqueo de capitales. Una cuestión que no había planteado durante la instrucción de la causa, por lo que la jueza le invitó a que presentara por escrito esta cuestión previa.
En esta causa, la Fiscalía acusa a Roca Samper y a Vicente Gil Usedo de haber abierto una cuenta en Andorra en octubre de 2010, en la que el segundo figuraba como ebanista jubilado y fabricante de abanicos y «souvenirs». Roca Samper transfirió a esta cuenta un total de 690.108 euros, supuestamente fondos públicos de Emarsa, tal como declarño probado la Audiencia Provincial de València.
El 22 de junio de 2018, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia condenó al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta a 12 años y medio de prisión y al exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo a 10 años por dirigir y consentir el saqueo de la depuradora de Pinedo. También fueron condenados, entre otros, el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar) José Juan Morenilla (9 años de prisión), el exdirector financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal (8 años y 6 meses) y el exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García (7 años y 6 meses). La sentencia está pendiente de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo.
Los magistrados de la sección primera consideraron que en el caso Emarsa se «dispuso frívolamente de unos fondos destinados a un servicio público tan esencial e imprescindible como es la depuración de aguas (...) Esta forma de actuar constituye un claro exponente de corrupción».
Una fiesta contínua que comenzó alrededor de 2004 y se prolongó hasta el 26 de julio de 2010, cuando Emarsa fue disuelta y sus tareas asumidas por la Emshi (Entidad metropolitana de servicios hidráulicos). Una fiesta que tuvo una factura de 23,5 millones desviados de su destino legal. Y que pudo articularse gracias a que los principales responsables de la depuradora se concertaron con empresarios para hinchar y falsificar facturas por servicios no prestados.
