Más de 50 personas y constructoras de cuatro uniones temporales de empresas encargadas de otros tantos tramos de la línea del tren de alta velocidad de Crevillente a Murcia se sentarán en el banquillo en esta última ciudad tras abrir juicio oral la magistrada de su juzgado de instrucción número 9. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia murciano, un auto comunicado ayer cita entre las personas físicas que serán juzgadas a responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la comunidad de regantes San Felipe Neri (Crevillente).
En el también conocido como caso César se investigan contratos de ejecución de obras de reposición de infraestructuras hidráulicas y canalizaciones afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de alta velocidad del Levante y paralelamente un fraude en los impuestos de sociedades y del valor añadido. En algunos casos se acusa a los procesados como autores de delitos contra la hacienda pública, malversación, fraude, estafa, falsedad, pertenencia a grupo criminal o blanqueo de capitales del delito y en otros, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo.
