Los nuevos okupas ya no llevan cresta

Los okupas ya no son lo que eran. El imaginario colectivo sitúa a los ocupantes en un tiempo en el que los antisistema entraban en un edifico, caserón o piso, con el fin de utilizarlos como vivienda, refugio, lugar de encuentro o centros con fines sociales, políticos y culturales. La ocupación ha existido siempre pero la okupación con k se afianzó como movimiento social durante las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo.

Pero los okupas de ahora ya no llevan cresta. Ni camisetas con la A de anarquía. Los okupas de ahora son familias que necesitan un techo. Que llevan a sus hijos al colegio, repasan con ellos los deberes, acuden a diario al comedor social y cocinan para la cena los alimentos que les dan en el banco de alimentos o en las ONG. Familias que se asean calentando cazos de agua. En el mejor de los casos tienen la luz y el agua «enganchados», pero lo de tener un termo son palabras mayores. En el peor, ni eso. Viven de forma discreta. Nada de ruidos o molestias. Nada de broncas, ni escándalos. Discreción. Están cometiendo un delito. Y lo saben. Un delito leve pero penal, que recibe la catalogación de «usurpación de un inmueble» y puede acarrerar una pena de prisión y sanción económica. Aunque la ocupación se lleve a cabo por pura necesidad. En la memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consta la estadística de un delito de «usurpación» que va en aumento en la Comunitat Valenciana al pasar de los 375 casos de 2015 a los 785 de 2017. Es decir, un aumento del 109 % en tres años aunque ahí se incluyen las usurpaciones inmobiliarias y de otro tipo como, por ejemplo, de identidad o estado civil.

Los nuevos okupas no se meten en cualquier casa «de patada». En los propios barrios se corre la voz de cuáles son las viviendas que son propiedad de un banco. Van a por ellas porque son okupas pero tienen «conciencia social». No quieren «fastidiar» a otro vecino. Él sabrá por qué no tiene la vivienda en uso, por qué no la quiere vender o alquilar. Pero si el piso es de un banco... la cosa cambia y entran en la vivienda con la tranquilidad de quien sabe que no le «hace un agujero» a un igual y el temor de que el enemigo con el que se enfrentarán -cuando se entere de que el piso no está vacío sino que está okupado- es poderoso y tiene un ejército de profesionales jurídicos y una ley que no deja lugar a dudas: la propiedad privada es de su dueño, sea particular, banco, empresa, cooperativa o asociación.

Los nuevos okupas no lo son por gusto. Lo que quieren es una vivienda social o un alquiler social. Una cuota que puedan pagar. Pero, a pesar de los esfuerzos y de la inversión realizada en recuperar y ampliar el parque público de viviendas, no hay pisos sociales disponibles ante una necesidad que va en aumento. Particulares e inmobiliarias anuncian alquileres con precios prohibitivos y los bancos tampoco quieren alquileres sociales. Aunque haberlos «haylos». Sin embargo, si la propiedad pasa a ser de un fondo buitre, ni hay negociación ni interlocutor al que dirigirse.

Patada en la puerta

Así, las nuevas familias okupas viven con el «ay» de cuándo llegará la orden de desahucio y cuándo deberán dejar un hogar construido en un espacio sin uso para que vuelvan a habitarlo las cucarachas, los únicos habitantes que siempre están cuando la puerta se abre de una patada.

Levante-EMV entrevista en la Asociación sociocultural evangélica de Barona a cuatro familias que viven en pisos okupados propiedad de un banco o fondo buitre en el barrio de Orriols, uno de los más empobrecidos de la ciudad de València. Solo dos se prestan a que fotografiemos sus viviendas y demos sus nombres y apellidos. Las otras dos familias declinan dar la cara por temor a que los servicios sociales intervengan o cuestionen siquiera la tutela de sus hijos. Son las familias de Abelino -4 hijos de entre 6 años y 9 meses, una pensión no contributiva de 370 euros como único ingreso y 10 años de okupa-; y de Remedios y Juan José, con 7 hijos, unos ingresos de 400 euros de la venta ambulante y un color de la piel que evidencia una raza gitana que siempre es un plus negativo a la hora de conseguir una vivienda o un empleo.

Un hijo y un sobrino en acogida

Empezamos pues con Yolanda Motos y Julio Escribano. Viven en una casa que en imágenes parece de nueva construcción, pero no lo es. «Pagamos 150 euros para entrar a un piso lleno de cucarachas y de porquería. Limpié y froté hasta dejarlo niquelado. Mi marido pintó y colocamos lo poco que tenemos», explica Yolanda, cuya familia está compuesta por su hijo de 9 años y por un sobrino de 16 años (con un 70% de discapacidad) que tiene en acogida tras pasar más años de los que le hubiera gustado (un total de 8) en un centro de menores. Hace 5 meses que viven en Orriols, en esa casa okupada que parece otra.

«Nosotros hemos vivido toda la vida de alquiler, pero hace 7 años se nos acabó el paro y dejamos el piso en el que pagábamos 550 euros a una mujer mayor en Marxalenes, pero sin deber un euro, que conste. Cuando vimos que no podíamos constinuar pagando nos fuimos», asegura. Se marcharon a Museros donde pagaron 250 euros por una vivienda en un municipio que carece de los servicios necesarios para quien carece de recursos y debe acudir al banco de alimentos, al comedor social o a buscar trabajo. De nuevo sin dejar deuda se marcharon a casa de unos familiares, aunque poco tiempo. «Vivíamos hacinados, así que estuvimos poco y nos marchamos». Y llegó el primer piso «de patada» donde estuvieron tres años.

«Un día llegó un policía y nos dijo que sabía que vivíamos de okupas y nos teníamos que ir. Le pedimos tiempo para recoger y dimos las llaves. No hubo ni notificación del juzgado ni nada. Tienes miedo porque sabes que están haciendo algo ilegal», afirma. El segundo piso okupa en que habitaron estaba en Xirivella. Vivieron allí 5 años. «Por entrar pagamos 150 euros y al mes llegó la carta del desahucio, pero al tiempo se presentó allí una persona diciendo que era del banco y quería nuestros datos para negociar un alquiler social. Se los dimos, claro, porque eso es lo que queremos. Pero era del 'banco malo' (Sareb) y cuando se celebró el juicio quedó claro que nos habían engañado y aunque dictaron que nos fuéramos no nos condenaron a pagar ninguna multa», explican. De allí okuparon la casa en la que hoy viven en Orriols. Julio aporta unos ingresos fijos a la familia de 215 euros. Yolanda va al rastro los domingos. Si le va «súper bien» consigue 80 euros. Si le va «fatal», 3 euros. Por tener a su sobrino en acogida ingresan 540 euros al mes «aunque el primer pago acaba de llegar y nos hemos pasado 6 meses sin cobrar. Aún así, no lo hacemos por dinero». Tiene pendiente el abono de la Renta Valenciana de Inclusión (ya está aprobada pero no se ha producido ningún ingreso) y consta en el registro de solicitantes de una vivienda social que no llega.

«Solo venimos a dormir»

A Yolanda Borja todos la llaman Yoli. Tiene 28 años, un hijo de 6 que es un «terremoto» y una barriga imposible de ocultar con 8 meses de gestación. Se casó a los 22 y se fue a vivir a una casa de alquiler de la que la desahuciaron al poco tiempo -con una multa de 350 euros para ella y otros 350 para su pareja- tras la venta de la casa por subasta. Estaba a punto de parir a su primer hijo. Desde entonces ha vivido con familiares y en varias casas okupadas. «Esta es la tercera y ya llevamos aquí cuatro años», concreta la joven. «Es difícil vivir así con un niño pequeño y otro que está a punto de llegar. No tenemos nevera ni lavadora. Faltan ventanas y tenemos goteras. Al niño lo baño calentando cazos de agua porque no hay termo y al colegio debe ir aseado. Somos usuarios del comedor social y la verdad es que solo vamos a casa para dormir porque es difícil vivir así», explica.

Yolanda y su marido también han recibido la visita de quien se identifica como un trabajador del banco al que pertenece la vivienda, sin serlo. «Nos han ofrecido 2.500 euros por dejar el piso ya», afirma. Pero ellos, lo que quieren es una vivienda social porque «con ese dinero no conseguimos una vivienda que podamos mantener», afirman quienes viven con un trabajo a días por 6,15 euros la hora que supone unos150 euros al mes.

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