05 de junio de 2019
05.06.2019
Tribunales

La Generalitat acusa a Camps en la F1 pese a que la Fiscalía pide el archivo

La magistrada rechaza ampliar la pericial como solicitaba la Abogacía pero el Consell recurre su decisión

05.06.2019 | 00:17
Mario Flores, Francisco Camps, y el expresidente del Puerto, Rafael Aznar, en el circuito en 2008.

La Abogacía de la Generalitat ha dado alas a la intención de la jueza que investiga las irregularidades en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1 de procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exconseller Mario Flores y trece personas más. Un «aliento» acusatorio avivado desde el Consell que contrasta con la firme posición de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar el archivo de esta causa porque considera que los únicos delitos que pueden perseguirse (prevaricación y falsedad documental) ya han prescrito.

En el último día que finalizaba el plazo para desvelar su postura, la Abogacía de la Generalitat presentó finalmente un escrito de acusación «ad cautelam» contra Francisco Camps, cinco ex altos cargos del Consell y nueve empresarios. El apellido «cautelar» con el que bautiza la Abogacía su escrito de acusación evidencia que la titular del Juzgado de Instrucción 17 de València aún debe resolver el recurso de reforma presentado para poder ampliar la pericial de la Intervención de la Generalitat. Un movimiento con el que el Consell persigue determinar si hubo perjuicio para la administración autonómica en la adjudicación de los contratos de la F1 presuntamente amañados. Un detalle que la pericial realizada por el interventor no resolvió porque, según advirtió, no tenía el «criterio técnico suficiente», ni los datos, para evaluar determinados aspectos como las ofertas que licitaron a los concursos, entre otros detalles.

Instrucción acabada desde octubre

La titular del Juzgado de Instrucción 17, no obstante, ya ha dado una primera negativa a la Abogacía de la Generalitat al denegar esta petición de «diligencias suplementarias y/o complementarias para que se haga este informe». La magistrada alega, según confirman fuentes conocedoras de los hechos, que el plazo legal para investigar esta instrucción acabó en octubre, ya que no se solicitó que la causa fuera compleja, lo que habría permitido ampliar la investigación.

Es esta última decisión la que ha recurrido la Abogacía de la Generalitat que insiste en «mantener la conveniencia de disponer de este informe», según las mismas fuentes.

La Abogacía de la Generalitat ve imprescindible contar con este informe complementario al de la Intervención de la Generalitat para tener aún más cerrados determinados aspectos ya que «considera que existen indicios de delito para elevar un escrito de acusación, sin perjuicio de que siga explorando todas las vías procedimentales oportunas en defensa del interés general».

Y consideran los letrados del Consell que el informe de la Intervención se aportó a la causa cuando esta ya estaba cerrada por lo que considera que debe ampliarse para realizar un análisis técnico de los contratos.

Un informe falto de detalles

El informe del interventor de la Generalitat concluyó que no veía perjuicio para las arcas públicas en la contratación de las obras de la F1. Uno de los detalles a los que se acoge la Fiscalía Anticorrupción para pedir el archivo de la causa. Ya que sin menoscabo a las arcas públicas no hay malversación, ni mucho menos continuada (que prescribe a los 15 años y permitía mantener viva esta causa).

Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat destaca que en este mismo informe los interventores reconocen que «no se dispone del criterio técnico suficiente» para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados.

A este resquicio de duda sobre la legalidad de los contratos adjudicados para construir el circuito, la Abogacía de la Generalitat suma que «hay indicios suficientes establecidos por la titular del juzgado de instrucción número 17 en su auto de procesamiento para presentar el escrito de acusación por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación a un circuito que no iba a costar un euro y que comportó un desembolso de unos 90 millones de euros».

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