La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en funciones, Gabriela Bravo, ha instado a los expertos en Derecho Procesal a ayudar y propiciar la reforma integral de la "obsoleta" Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Durante su participación en la apertura del II Congreso Internacional de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal, Bravo ha recordado a los procesalistas que, en el siglo XXI, la Justicia tiene "un carácter prestacional".
Por este motivo, "cabe medirla conforme a ciertos estándares de calidad que pasan por que los poderes públicos garanticen a la ciudadanía su acceso con eficiencia", así como "una respuesta en un tiempo razonable", ha informado la Generalitat en un comunicado.
La consellera ha defendido que la Administración de Justicia debe contar "con los medios humanos, materiales y organizativos adecuados", pero también con "herramientas normativas".
En este sentido, ha lamentado que desde 1978, el poder legislativo "ha renovado casi todas las leyes procesales como las que rigen la jurisdicción laboral, contencioso-administrativa y hasta la militar y, sin embargo, sigue pendiente la modernización integral del proceso penal que es el que encauza el 75 por ciento de la actividad judicial y asume la trascendente misión de asegurar la tutela de los derechos fundamentales y los intereses de los más vulnerables".
Gabriela Bravo ha asegurado que la última modificación del año 2015 de la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal -en vigor desde 1882- "no ha funcionado como se esperaba", pues, "aunque los datos dicen que hay casi un 40 % menos de casos ingresados, cada proceso tarda un 45 % más de tiempo en resolverse".
Por ello, a juicio de la consellera, "es posible que haya menos papel, pero no menos atasco en nuestros juzgados".
"Necesitamos en este momento una reforma procesal penal con carácter urgente, necesitamos un nuevo proceso penal", ha insistido antes de instar a los profesionales asistentes al congreso a trabajar en esta línea.
Además, Bravo ha defendido la necesidad de renovar los medios materiales, personales y organizativos de los tribunales, pero también "las herramientas normativas procesales para que la Justicia no siga siendo la gran olvidada de nuestra arquitectura institucional".
Para la consellera de Justicia, la digitalización "puede permitir, hasta cierto punto, acelerar y abaratar los procesos en los juzgados valencianos, pero su avance está limitado por el marco normativo".
"No obstante, el objetivo irrenunciable de la Generalitat pasa por el expediente digital, y para su implantación se va a cambiar el sistema de gestión procesal de los tribunales valencianos", según Bravo.
La consellera ha incidido en que están "invirtiendo 3 millones de euros para la primera fase de implantación del sistema de gestión procesal Avantius y el proceso se completará en 2020 y 2021 hasta llegar a los 12 millones de euros".
