El secretario y letrado asesor en la Diputación de València, Jorge Cuerda, ha intentado tumbar el caso Alquería alegando cuatro motivos de nulidad en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 9 de València. El letrado de confianza del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez dirigía sus críticas hacia el auto que inició las diligencias de investigación, contra el que decretó el secreto de las actuaciones y los que establecieron las sucesivas prórrogas del secreto de la causa (del 3 de junio de 2018 al 16 de marzo de 2019) y, por último, el auto que autorizó la entrada y registro en el domicilio y lugar de trabajo del mismo Cuerda.
Un recurso que parece condenado al fracaso a la vista de la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción que solicita al Juzgado de Instrucción 9 de València que desestime la multipetición de nulidades de los autos aprobados en el caso Erial desde marzo de 2018.
Sobre el auto que admitió la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos irregulares, el secretario Jorge Cuerda alegaba «falta de motivación que le impide el conocimiento de los hechos objeto de investigación».
Aunque el fiscal considera que este motivo «no puede prosperar dado que el recurrente parece que ha empezado la lectura de la causa por dicho folio [el del auto que originó la investigación judicial] cuando debería haber empezado a leer la causa por el folio 3, que contiene la querella que interpone el Fiscal (...) que concreta de forma específica los graves hechos por los que se centra la investigación».
También reclamaba el investigado Cuerda la nulidad del auto que acordó la entrada y registro en su domicilio así como la incautación de sus dispositivos móviles por «motivación insuficiente». Una alegación que también rechaza de plano el Fiscal Anticorrupción porque no se trata sólo de «unas irregularidades en la contratación como de forma banal se expresa [en el recurso de Cuerda], sino unos hechos que han supuesto un menoscabo de más de un millón de euros en la gestión de una empresa pública [Divalterra] sometida al capricho de los dirigentes políticos nombrando a personal no cualificado al margen de cualquier tipo de publicidad y concurrencia en la selección del mismo sin ejercer ninguna función que permita el cobro de un salario tan elevado en perjuicio de la sociedad pública y, por consiguiente, de todos los ciudadanos que la sustentan con sus impuestos».
Secretario que ejercía el control
El Ministerio Público repasa a continuación todos los hechos investigados e incluidos en la querella original y en la que tuvo una participación destacada Jorge Cuerda, nombrado el 22 de diciembre de 2016 para «colaborar y asistir al presidente de la Diputación de València en cuantos asuntos relacionados con las entidades instrumentales dependientes de la diputación le sean encomendadas».
Un cargo de confianza en el que Cuerda, señala el fiscal, «acabó ejerciendo de hecho el control de la sociedad por mandato del presidente de la diputación conforme la comunicación enviada por el jefe de gabinete de la presidencia a la cogerente de Divalterra y consumando el control de la sociedad al ser nombrado secretario del consejo de administración de Divalterra el 21 de noviembre de 2017, a propuesta del presidente de la diputación».
Decisión adoptada para sustituir al anterior secretario, que se negó a informar favorablemente sobre los contratos de alta dirección, sin pasar por el consejo de administración, a pesar de las presiones recibidas.
La catarata de informes que se produjo después justifican, para el fiscal, la intervención de los medios electrónicos de comunicación porque «es de cautos e ingenuos pensar que los correos obtenidos [por la UDEF] que evidencian la colonización de la empresa por los investigados, fuesen ellos los que proporcionasen tales elementos probatorios.
