La Intervención General del Estado (IGAE) ha constatado el presunto trato de favor que recibió el cártel del fuego por parte de la Conselleria de Gobernación, dirigida por Serafín Castellano desde el 29 de junio de 2007 hasta el 12 de junio de 2014, tal como ha revelado Levante-EMV desde el 4 de agosto de 2013. La pericial de la IGAE se ha incorporado a la pieza separada de la trama que investiga la Audiencia Nacional (tras inhibirse el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt) para determinar si catorce empresas se repartían el mercado de los aviones de extinción de incendios forestales, pactaban precios y compraban a funcionarios públicos para garantizarse este trato de favor.
Sobre las contrataciones de aviones en la Comunitat Valenciana, la IGAE ha detectado tres tipos de irregularidades. La primera que «todos los contratos, a excepción de uno, fueron objeto de una prórroga sin que las memorias justificativas indiquen o motiven de forma suficiente la necesidad de la realización de prórrogas». La segunda es que dos de las contrataciones «no cumplían con alguna de las características mínimas para las aeronaves que se exigían en los pliegos de prescripciones técnicas», aunque el «órgano de contratación adjudicó los contratos a las empresas en lugar de declarar desiertos los procedimientos de licitación, tal como establece la normativa», señala la IGAE.
Por último, debido al retraso en las adjudicaciones o «a la prestación de un servicio extraordinario» la Comunitat Valenciana tramitó el pago de tres facturas de la empresa Avialsa T-35 SL a través de la fórmula del enriquecimiento injusto» por valor de 1.779.083 euros. La IGAE advierte que «en la documentación analizada no queda suficientemente acreditada la realización de dichos servicios».
Las irregularidades en los contatos de la Comunitat Valenciana son las que la IGAE ha podido analizar de forma más extensa ya que, advierten los interventores en su informe a la Audiencia Nacional, «por falta de información en la documentación analizada, no se ha podido analizar los posibles perjuicios económicos que se hayan podido ocasionar a las administraciones públicas convocantes de los concursos como consecuencia de los pactos que acordaba el cártel del fuego en reuniones que se celebraban en la localidad de Manzanares (Ciudad Real).
Los interventores sí han verificado que, según las actas del cártel desde 2001 hasta 2008 -intervenidas en los registros de la «Operación Hispaniolus»-, «se respetan las comunidades autónomas en las que operaba cada sociedad: Avialsa (Cataluña y València), Martínez Ridao (Mallorca, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia), Espejo (Canarias y Andalucía), Faasa (Castilla-León y Andalucía) y Cegisa (Portugal)». Las empresas que componían el cártel también «respetaban los turnos rotatorios a los concursos licitados por las administraciones públicas en territorio nacional y Portugal», según los interventores. Y, por último, también han verificado que «se producen liquidaciones entre las empresas de la asociación como consecuencia de los costes derivados del mantenimiento de dos aviones de reserva y, en su caso, del pago de indemnizaciones por distintos motivos».
Sin embargo, debido a la falta de información sobre los expedientes adjudicados en las anteriores comunidades autónomas, la IGAE sólo ha podido detectar dos adjudicaciones sospechosas. Una adjudicación del Ministerio de Medio Ambiente en 2004 por procedimiento negociado, al quedar desierto el expediente anterior, por «motivos desconocidos», que supuso un incremento del «10% del importe de licitación». Y otro tramitado por Castilla-La Mancha y adjudicado al Grupo Ridao por un importe del más del 20% a la baja ya que, para eliminar la competencia de una empresa que no formaba parte del cártel «Ridao bajó los precios y fue indemnizado por el resto de las empresas de la asociación, según el acta del 3 de noviembre de 2008».
