Mientras se cierran las negociaciones en torno al qué y al quién del nuevo Botànic, una de las principales certezas es que el nuevo Ejecutivo tiene ante sí una panorama desolador desde el punto de vista de las finanzas públicas. El margen de maniobra para las políticas de la izquierda será tan estrecho como ha sido hasta ahora como consecuencia de un modelo de financiación caduco e insuficiente para las necesidades de la Comunitat Valenciana.
La falta de recusos ha traído y seguirá trayendo limitaciones, algunas autoimpuestas como las que se ha puesto el Consell para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, la espada de Damocles que persigue al Gobierno valenciano desde su entrada en vigor. Así, esta nueva Generalitat tendrá difícil hacer concesiones en materia de salarios públicos: no es momento para alegrías ni para los que están arriba del escalafón ni para el funcionariado.
El plan de ajuste de 2019 remitido por la Conselleria de Hacienda al ministerio que dirige en funciones la ministra Maria Jesús Montero incluye el compromiso del Consell de limitar los salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección de las empresas públicas, así como el de reducción de los miembros de los consejos de administración.
En concreto, el plan de ajuste (de obligada aprobación por incumplir el Consell el objetivo de déficit en 2018) recoge la obligación del Ejecutivo de identificar el límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias, al tiempo que establece que en todo caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresaria.
Regulación laboral
Además, se habla en términos generales de una «regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio o la percepción de fondos públicos». El compromiso se extiende a la regulación de las cláusulas indemnizatorias, de acuerdo con la reforma laboral en proceso.
Con todo, la contención en el capítulo uno podría extenderse también a todo el personal público de la Generalitat. A pesar del desvío en los objetivos de déficit y regla de gasto, el plan de ajuste no recoge ningún acuerdo de no disponibilidad de fondos, es decir, un tijeretazo para reducir el gasto. Ahora bien, en el apartado «Otros compromisos», el Consell abre la puerta a tener que meter mano al presupuesto.
En este caso deja claro que el recorte no debe afectar a los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) y en este punto advierte de que no es el tiempo. Establece que el Consell «solo podrá agotar la posibilidad de variaciones retributivas de su personal prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado aplicable, si las medidas adoptadas en el acuerdo de no disponibilidad resultaran suficientes para cubrir la eventual diferencia entre el déficit efectivo de 2018 y el objetivo fijado en el ejercicio en curso, así como para cubrir el mayor gasto que impliquen dichas variaciones retributiva».
La referencia a los salarios forma parte de los 50 compromisos adquiridos por el Consell para ajustar su gasto y rectificar el déficit. El resto están ligadas a la racionalización en la contratación y el sometimiento a las directrices del Ministerio de Hacienda, una intervención en toda
