A cinco días de que se constituyan los nuevos ayuntamientos valencianos y accedan al poder local más de 5.716 concejales y concejalas, la Agencia Antifraude ha optado por poner la venda antes de la herida y ha hecho pública una recomendación dirigida a los cargos electos locales, una suerte de guía fácil para no caer en la tentación de la corrupción.
El documento, que está dirigido a los miembros de las futuras corporaciones (formen parte del equipo de gobierno o de la oposición), pero también a los cargos salientes, está escrito en un lenguaje directo e incluye situaciones concretas en las que se pueden encontrar estos cargos a la hora de seleccionar personal o formar parte de una mesa de contratación.
«Estamos ante un gran reto y al mismo tiempo una magnífica oportunidad de fomentar la cultura de la prevención en nuestras corporaciones locales, porque aquel riesgo bien gestionado no traspase la fina línea gris hacia el fraude y la corrupción», advierte en su preámbulo la Agencia Antifraude.
La recomendación consta de tres partes. La primera es la relativa a la toma de conciencia de los riesgos en el momento de la toma de posesión del cargo; la segunda se centra en la «integridad» en el traspaso de poderes y toma de posesión del cargo; y la tercera se basa en incorporar la ética pública en la toma de decisiones. El documento incorpora un anexo con las normas de obligado cumplimiento para los cargos electos.
Durante su disertación, la Agencia Antifraude incide en la importancia de reconocer aquellas situaciones de riesgo y gestionar adecuadamente los conflictos de intereses. El organismo que dirige Joan Llinares indica que uno de los primeros pasos para minimizar riesgos es aplicar la ley, así como los códigos déticos y de conducta.
Gobiernos en funciones
Entrando en materia, Antifraude alerta de hasta dónde puede llegar un gobierno municipal en funciones y estima que no parece «conveniente» que los miembros cesantes comprometan decisiones importantes que pasarán a manos de miembros entrantes. También les advierte de la importancia de no ocultar información y no favorecer a familiares y amigos en la contratación, tanto de personal como de obras públicas. «No ha de pensarse en ocultar información», recomienda a los que dicen adiós. «Y lo mismo tendrán que hacer los nuevos y nuevas ediles en un futuro si cambian las circunstancias».
El documento informa de la obligación de dar cuenta del patrimonio y del ejercicio de actividades privadas, y les anima a «apoyarse en el funcionariado» porque el principal valor de los informes reside en «la objetividad y la imparcialidad». También aconseja que existen límites para el nombramiento de cargos de confianza y apunta que sería «fraudulento» establecer un régimen de dedicación parcial idéntico para todos los miembros de la corporación.
