Una técnica jurídica de la Conselleria de Solidaridad, F. C. S., relató ayer en su declaración como testigo en el juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación los problemas a los que se enfrentaban para justificar las ayudas que recibían las ONG. «Había países sin leyes de facturación. Teníamos muchos problemas», admitió en respuesta al abogado de Augusto Tauroni. La técnica jurídica admitió que, tras publicar Levante-EMV las primeras noticias sobre la trama para desviar las ayudas, le dijeron que «no tratara con nadie más estos expedientes».
Entre las irregularidades detectadas, «dos expedientes sin justificantes de pago» aunque después «la factura apareció de la noche a la mañana y se bajó desde el gabinete del conseller. Me sorprendió porque la factura se hizo por la totalidad de la subvención recibida», admitió a preguntas del letrado de Fernando Darder. Otra ONG también adquirió un coche «que costó 10.000 euros y me pareció elevado para un coche de segunda mano en un país africano». Otro de los proyectos en la República Dominicana tenía un número desorbitado de justificantes de taxi. La técnica asegura que se negaba a cerrar expedientes que no estuvieran justificados y que los requerimientos se realizaban cuando ella llegó «por teléfono».
Otra técnica de cooperación internacional, B. C. M. confirmó en el juicio que fue apartada, junto a otras compañeras, del control de los expedientes y de la conselleria tras «las publicaciones en prensa» del escándalo.
