Tres desahucios menos. Esa es la diferencia que existe entre los lanzamientos realizados durante el primer trimestre de 2018 y los ejecutados durante el mismo periodo de este año en la Comunitat Valenciana. Así, durante los primeros 90 días de este año se realizaron 2.119 lanzamientos frente a los 2.116 del año anterior, según los datos que publica cada trimestre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La media, pues, se mantiene y sitúa a la valenciana como la tercera autonomía con mayor número de desahucios en el informe que ha realizado la entidad sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. Así, 2019 comenzó con una media de 23 desahucios al día. Además, el mismo informe recalca que por impago del alquiler hubo 1.254 lanzamientos de enero a marzo de 2019 (el 60 %) frente a 787 desahucios por ejecuciones hipotecarias.

El CGPJ realiza las estadísticas y registra los datos. Pero la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València afirma que detrás de cada desahucio, de cada cifra, de cada dato, se esconde un drama: el de una familia que se queda sin techo y comenzará el periplo para intentar acceder a la vivienda de un parque público saturado, que no cuenta con pisos disponibles. «Ese es el problema que tras un desahucio las familias se quedan en la calle y no pueden acceder al mercado libre, pero tampoco hay vivienda social disponible. Y hablamos de gente mayor, de familias con niños pequeños y de personas con discapacidad», recalcan.

La crisis económica ha hecho estragos en las familias más humildes. Pero los datos del CGPJ revelan que el drama sigue, imparable, y se ceba con los más vulnerables. Por eso, desde PAH València han mantenido reuniones con todos los grupos políticos. La semana pasada se reunieron con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y ayer lo hicieron con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en aras de que el nuevo gobierno que se está gestando «elabore un plan de choque, como un proyecto de gobierno, ante la emergencia habitacional de forma que se pueda hacer frente tanto al tema de los desahucios como al aumento de los precios del alquiler. Necesitamos un gobierno valiente».

«Hay que trabajar con el Estado porque necesitamos que las viviendas vacías de Bankia, de la Sareb y de la banca rescatada regresen a la sociedad para que la gente tenga un techo donde vivir y eso implica cesiones y expropiaciones a nivel nacional. Que los fondos buitres y las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) tengan viviendas para especular y ganar dinero mientras la gente no tiene donde vivir, no se puede permitir. Los políticos deben salir a la calle y mirar a los pobres a los ojos», explican desde PAH València.