11 de junio de 2019
11.06.2019
Tribuna

Vivir no es delito

11.06.2019 | 00:46
Vivir no es delito

Numerosos tratados recogen el derecho a la vivienda. También el artículo 47 de la Constitución. Pero en nuestra comunidad, el lastre de años sin política de vivienda social hace incapaz a la Administración pública valenciana de dar soluciones habitacionales a las necesidades de la ciudadanía. La Ley 2/2017 por la función social de la vivienda es un avance importante, pero hace falta un Plan de Choque urgente ante la emergencia habitacional.

Por otra parte, desde el 2014 el precio medio del alquiler en el País Valencià ha crecido un 45 %. Las familias destinan a la vivienda un 32,8 % de de sus ingresos. Por eso ha aumentado el numero de personas en riesgo de pobreza, en nuestra Comunidad hasta un 25,6% (1.266.793 personas).

Por otro lado, los desahucios, siguen aumentando: 8.083 en el 2018 (prácticamente 1 desahucio cada hora en la Comunitat Valenciana). El 55,49 % por impago de alquiler. La alternativa habitacional debería ser las viviendas sociales. Sin embargo, solo un 1,3 % del parque de vivienda corresponde a esta tipología. Y es que España solo dispone de 3 viviendas de alquiler social por cada 1.000 habitantes, siendo así el país de la UE con menos oferta. Esto provoca que la espera para acceder a una vivienda social pueda alargarse años. En contrapartida, nos encontramos que en la Comunitat Valenciana existe un 16,047 % de viviendas vacías, lo que supone un total de 505.029, según el INE.

Debido a este contexto social, económico y político que nos rodea, muchas familias que han visto vulnerado su derecho a vivienda, han encontrado en la ocupación de pisos vacíos la única solución para poder vivir dignamente. Con estos datos, criminalizar la ocupación o la recuperación de la Obra Social de la PAH para miles de familias en riesgo de exclusión es inaceptable y la expresión de la máxima hipocresía. Lo que están criminalizando algunos partidos políticos y las grandes entidades financieras rescatadas es la pobreza con mentiras y manipulaciones de la realidad que alimentan mitos sobre las ocupaciones. Quieren relacionar pobreza y delincuencia, ocupación y mafia, drogas y mala convivencia, cuando ellos son los principales responsables de este sistema que nos condena a la miseria.

Por eso estamos aquí, para contestar a sus mentiras afirmando que el 93% de las personas que ocupan una vivienda vacía viven por debajo del umbral de la pobreza. Además un 91% de viviendas ocupadas -según nuestras referencias- son propiedad de bancos y grandes tenedores. Por ello, pedimos a la ciudadanía que no se dejen engañar, que no miren a otro lado y que se unan a nuestra lucha contra la mafia financiera y política, la que posee miles de viviendas vacías en manos de fondos buitre, Socimis y grandes inmobiliarias.

Hacemos un llamamiento al president, Ximo Puig, a la vicepresidenta, Mónica Oltra, y a los grupos políticos con corazón e inteligencia para que la lucha por el derecho a la vivienda sea el eje prioritario de la política del Consell. Y para que se comprometan a crear un mecanismo de impulso y coordinación para avanzar en esta lacra social. Queremos un horizonte de esperanza donde la justicia social vertebre realmente nuestra convivencia democrática.

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