12 de junio de 2019
12.06.2019

El Defensor del Pueblo afirma que Picassent es la cárcel con más reclusos al sumar 2.119

El informe anual asegura que sigue pendiente una normativa "contra los malos tratos" a presos y funcionarios

12.06.2019 | 00:12

El centro Penitenciario de Picassent –denominado centro Antoni Asunción– es el que más presos tiene de toda España con 2.119 reclusos. Así lo recoge el informe anual del Defensor del Pueblo tras desgranar los datos de la población reclusa a 31 de diciembre de 2018. «Al finalizar el año 2018, 59.094 personas se hallaban privadas de libertad en España, en 97 centros penitenciarios. De ellas, 54.632 eran hombres (92,45 %) y 4.462 mujeres (7,55 %). Los centros penitenciarios con mayor número de presos son Valencia Antoni Asunción (2.119), Brians 2 (1.479) y Madrid V Soto del Real (1.366)», detalla el informe.

El Defensor del Pueblo considera que el primer deber de la Administración penitenciaria es «preservar la vida e integridad de los internos». Por ello, dedica especial atención a los fallecimientos –en la cárcel de Picassent hubo 5 fallecimientos, 4 de muerte natural y un suicidio– y a la lucha contra los malos tratos ya que sigue pendiente la elaboración de una normativa sobre la captación, grabación, transmisión, conservación, almacenamiento, extracción y puesta a disposición de imágenes captadas mediante videovigilancia. «Se trata de reforzar las garantías, tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto», explica.

El informe del Defensor del Pueblo también hace referencia a la Comunitat Valenciana cuando explica la falta de plazas existentes para los Menores Extranjeros No Acompañados (mena) al asegurar que a finales de 2017 se registró la llegada de 6.414 mena, de los que 296 pasaron a formar parte del sistema de tutela de la Generalitat Valenciana.

Respecto a la violencia machista, el Defesor del Pueblo asegura que fue una comunicación del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana la que generó una serie de actuaciones sobre las indemnizaciones que pueden percibir las víctimas con objeto de garantizar sus derechos económicos. «Este organismo contempla una modificación relativa a la compatibilidad de las ayudas del artículo 27 con otras de carácter autonómico» para que las víctimas puedan percibir ayudas nacionales, autonómicas y locales «cuando la normativa prevea la compatibilidad».

Respecto a algunas peticiones concretas que recoge el informe anual y hacen referencia a la Comunitat destaca la recomendación hecha al Ayuntamiento de València para que publiquen «la versión bilingüe de las actas de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, tanto en la web municipal como en el Tablón de Edictos» para «que nadie pueda ser discriminado por esta causa» y la obligación de hacer efectivo el derecho a traslado de las empleadas públicas víctimas de violencia de género procedentes de otras Administraciones públicas, tras un caso detectado en la Comunitat Valenciana donde estaban implicados los consistorios de Calp y Alzira.

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