El Tribunal de Cuentas ha condenado a la Generalitat, como minuta por los gastos de abogado en una causa ante este mismo tribunal, en el que ha resultado absuelto.
Tauroni fue encausado por el Tribunal de Cuentas en el procedimiento por reintegro que investiga el agujero económico a la Generalitat por el desvío de dinero de subvenciones menores por 161.020,18 euros. Estos mismos hechos (junto al fallido hospital de Haití) son los que se juzgan ahora en la sección quinta de la Audiencia de València.
A falta de la resolución penal, el Tribunal de Cuentas dictó sentencia firme el 30 de mayo de 2018 y condenó a Rafael Blasco, Marc Llinares, Alejandro Catalá y Josep Maria Felip a devolver los 161.020,18 euros desviados. Al tiempo que absolvía al empresario Augusto César Tauroni ya que al no ser funcionario público, no se le puede exigir la devolución de este dinero.
La defensa de Tauroni presentó una «minuta por honorarios profesionales» por 24.105,15 euros (IVA incluído) por esta causa, aunque la Generalitat recurrió. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas da la razón a Augusto César Tauroni y ve razonable la minuta reclamada por su abogado, tras solicitar una pericial al Colegio de Abogados de Madrid. La Generalitat también deberá pagar las costas de este recurso. Tauroni ha pedido que se compense esta cantidad respecto de la responsabilidad civil que decida la sección quinta de la Audiencia de València.
Testimonios internacionales
El juicio del caso Blasco vivió una de las sesiones más internacionales al interrogar por videoconferencia en Miami a tres antiguos colaboradores del empresario Tauroni en el Estado norteamericano. Unas declaraciones que revelaron la intención de Tauroni de solicitar una «visa de inversionista» para poder residir y montar negocios en Estados Unidos. Las declaraciones de los tres testigos dieron aliento tanto a las acusaciones como a las defensas. La testaferro en Miami de Tauroni confirmó que el entramado de mercantiles creadas por el empresario de cabecera de Blasco en Estados Unidos nunca llegaron a tener «ninguna actividad, ningún uso, ni trabajadores». Todas se cerraron tras estallar el escándalo de las ayudas a la cooperación. Aunque esta misma testigo, también aseguró que las cuentas de estas empresas «nunca recibieron dinero de subvenciones».
Aunque esta misma mujer, corredora de bienes raíces que presidió la gran mayoría de empresas creadas por Tauroni en Miami, también defendió que si el proyecto del hospital de Haití se hubiera ejecutado «las empresas habrían salido adelante». Al tiempo que se mostraba segura de que «el hospital se habría hecho, porque Alfredo y Augusto pusieron mucho trabajo en eso».
En el mismo sentido se manifestó otro testigo que declaró desde Miami, Alfredo R., responsable de la empresa experta en proyectos modulares que debía construir el hospital de Haití que pretendía construir la trama. «Nunca llegamos a viajar a Haití pero trabajamos en la documentación que nos entregó Tauroni, que era muchísima».
Preguntado sobre el grado de realidad del hospital, Alfredo R. respondió que «por supuesto que sí, claro que se pretendía ejecutar. No pienso que nadie tuviera la malicia de no hacerlo. Fue un 'down' (contratiempo o bajón) para la empresa». Al tiempo que confirmaba la existencia de los trabajos topográficos previos, «sin eso no habríamos podido levantar el proyecto» y que cualquier obra en un país como Haití «multiplica por tres los costes».
