El 20,3 por ciento de la población de la Comunitat Valenciana se encuentra en exclusión social, dos puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 18,4 por ciento. Según el VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado este miércoles por esta fundación vinculada a Cáritas, en la Comunitat Valenciana, la exclusión es moderada en el 10,8 % de la población valenciana (9,6 % a nivel nacional) y severa en el 9,5 % (8,8 % de media).

A nivel nacional, dos millones de españoles, un total de 800.000 hogares, viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda, que se ha convertido en el principal factor de exclusión social, por encima del desempleo. Según el informe, 8,5 millones de personas, el 18,4 % de la población, se encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007.

Para la mitad, 4,1 millones, esa exclusión es severa; dentro de ellos se encuentran los "expulsados" de la sociedad, que hoy son 1,8 millones de ciudadanos, el triple que los 600.000 que lo estaban antes de la crisis.

Sin embargo, según ha explicado el secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, la tasa de exclusión se sitúa ya muy cerca de la del 16 % previa al estallido de la crisis -durante la cual se superó incluso el 25 %- pero ello no significa que "hayamos vuelto a la casilla de salida porque las condiciones de vida son peores que hace diez años".

"Es la sociedad estancada, para los que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir ni siquiera a la primera planta", ha añadido Guillermo Fernández, coordinador de esta investigación.

Hay un dato positivo, y es que "la sociedad integrada" que representa a un colectivo que "no vive excesivos problemas" sí que se ha recuperado y supone el 48,4 % de la población, 23 millones de personas.

Pero esta sociedad se divide en otras dos: la de las oportunidades, que engloba a dos tercios de los ciudadanos acomodados y que ya muestran "cierta fatiga de la solidaridad", y la insegura, formada por seis millones de españoles que "se mueven en el filo de la navaja" y que intuyen que "serán los primeros en caer" de desatarse otra crisis económica.

En esa desigualdad, la vivienda se ha erigido, más que el desempleo, como el principal factor de exclusión social: el alquiler se ha encarecido un 30 % en dos años, el 11 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza una vez ha sufragado los gastos derivados de la casa y el 4 %, dos millones de personas que viven en 800.000 hogares, lo hacen con la incertidumbre de quedarse sin un techo.

Sobre el empleo, éste ha pasado de ser un derecho a ser un privilegio, aunque no exime del riesgo de caer en la pobreza: el 14 % de los trabajadores está en exclusión social. El 37 % de los excluidos en el empleo, además, lo están también en la vivienda.

Las mujeres son las principales afectadas; necesitan trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre -2 si son inmigrantes- y se ven más obligadas a tener que reducir los gastos de suministro de la casa cuando son ellas las que sustentan el hogar.

Todo ello sin olvidar de los efectos que la exclusión tiene en la salud: el 30 % de las personas con discapacidad sufren esta situación, el 8,8 % de la población ha tenido que dejar de comprar medicamentos y el 15 % no puede acceder a un tratamiento bucodental.