14 de junio de 2019
14.06.2019
Tribunales

La jueza no ve prevaricación ni malversación en el contrato a Crespo Gomar en Vivienda

Archiva la causa pero deduce testimonio al Tribunal de Cuentas por si se produjo responsabilidad contable

14.06.2019 | 16:41
La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha archivado la pieza que investigaba la adjudicación del extinto Ministerio de Vivienda de un contrato de publicidad a la consultora Crespo Gomar, presuntamente sospechosa de haber financiado ilegalmente al PSPV y Bloc. Esta decisión cierra la última de las piezas abiertas sobre el presunto trato de favor a esta consutora de Gandia, tras una denuncia del PP, que también se ha archivado en el resto de los juzgados de Gandía (la Safor) y Benidorm (la Marina Baixa) donde se abrieron investigaciones por prevaricación y malversación, tras remitir el Juzgado de Instrucción 21 de València estas cuatro piezas, al considerar que el presunto delito electoral que se podría haber cometido en las elecciones de 2007 habría prescrito.

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha decidido archivar el procedimiento para investigar la adjudicación del Ministerio de la Vivienda en 2008 de la creatividad de la campaña de publicidad institucional de los contenidos del plan estatal 2009-2012 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda a la empresa Crespo Gomar. La magistrada ha acordado el archivo de la investigación, al considerar que no están probados los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos aunque remite detalles de la investigación al Tribunal de Cuentas por si existiera responsabilidad contable ya que no consta el trabajo entregado por Crespo Gomar al Ministerio de Vivienda, cuando estaba dirigido por la exministra Beatriz Corredor. De hecho, la acusación popular que ejerce el Partido Popular de la Comunitat Valenciana se oponía al archivo de la causa porque alegaba que "Crespo Gomar SL no entregó el trabajo por el que cobró, o que si lo entregó, luego no se utilizó".

Aunque la jueza decide archivar la investigación porque, señala, "ha de partirse de la dificultad que de por sí entraña acreditar el hecho de que hasta doce funcionarios del Ministerio de la Vivienda concierten su voluntad para alterar un procedimiento de contratación administrativa beneficiando al adjudicatario en detrimento de otros de los licitadores, además de ser unos hechos que acontecen en el año 2008". Y sobre la falta de entrega de los trabajos o "si se entregaron, no se desarrollaron en la posterior difusión informativa, que pasaba por una nueva licitación, es una cuestión ajena a los hechos investigados en el presente procedimiento, y desde luego, no imputable a los aquí investigados". Aunque la magistrada señala que este archivo lo decide "sin perjuicio de la investigación que pueda desarrollarse por el Tribunal de Cuentas, al que se va a deducir testimonio con el tanto de culpa, por si existiese responsabilidad contable".

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