El Botànic ha incluido en su acuerdo programático avanzar en el vaciado de las diputaciones provinciales. Será a través de una ley, como Ximo Puig subrayó en su réplica a Toni Cantó, a quien pidió su colaboración para sacarla adelante. La respuesta de Cantó no fue contundente y dejó en el aire su apoyo, si bien la eliminación de las corporaciones provinciales está incluido en el programa de Cs.
El Botànic incluye de nuevo este asunto en su programa. En 2015 formó parte del acuerdo avanzar en el adelgazamiento, pero en 2019 la propuesta se eleva al rango de ley. En concreto, se trata de la ley de coordinación de las administraciones públicas valencianas «para aclarar el reparto competencial y la asignación de fondos necesarios [...] para eliminar duplicidades».
Además, conscientes del blindaje constitucional que tienen estas instituciones, añaden en el acuerdo de programa que se modifique la normativa estatal para que las autonomías puedan «regular su organización territorial que perita sustituir las diputaciones por otras corporaciones».
«Nidos de corrupción»
La ley propuesta por Puig coge el relevo de la que presentó Podemos en octubre y que no llegó a tramitarse porque el calendario de las Corts se precipitó por el 28A. Ayer, Rubén Martínez Dalmau insistió en acabar con los «nidos de corrupción». Lo dijo claro: «Las fuerzas progresistas no han logrado ponerse de acuerdo». La ley incluía las propuestas que Compromís y PSPV tenían en la misma materia.
Sin embargo, los socialistas tenían una iniciativa propia que presentaron días después de las detenciones del caso Alquería. Con la Ley de gobierno locales, querían reducir el poder de las corporaciones a la asistencia en servicios básicos a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Aunque la comisión de seguimiento del Botànic dio prioridad a esta cuestión en octubre, no hubo un impulso suficiente por parte de los grupos. Podemos reclamó el apoyo a su ley y solicitó tramitarla por la vía de urgencia para que diera tiempo a ponerla en marcha, pero sus socios prefirieron mantenerla en la vía ordinaria.
El Tribunal Supremo tumbó en esta legislatura dos decretos de coordinación que emitió la Generalitat de la Generalitat y advirtió que solo podría ser gestionado a través de una ley.
