15 de junio de 2019
15.06.2019
Encuentro

"El 100 % de los delitos económicos son cometidos por los jefes"

El fiscal especializado en este tipo de delitos en Galicia, Juan Antonio Frago, imparte una conferencia en València

15.06.2019 | 00:02
El fiscal Juan Antonio Frago Armada y José María Carbonell, director de Carbonell Abogados.

«El 80 % de los delitos económicos se cometen a través de las empresas» y el «100 % de estos delitos son cometidos por los jefes», aseguró ayer en València el fiscal de delitos económicos en Galicia, Juan Antonio Frago Armada.

También autor del conocido blog de derecho penal «En ocasiones veo reos», Frago impartió la conferencia sobre «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», organizada por el despacho Carbonell Abogados, especialista en derecho de empresas y derecho de familia y matrimonial. Una iniciativa organizada «dentro de nuestra política de asesoramiento preventivo para empresas, en un tema muy importante y que no se está tomando lo suficientemente en serio», aseguró José María Carbonell, director de Carbonell Abogados.

Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Frago Armada hizo un repaso sobre esta novedad legislativa importada de los EE UU que comenzó a aplicarla en 1977 a través del «Foreign Corrupt Practices Art». En España no se introdujo hasta 2003, aunque inicialmente «con poco éxito». Y no fue hasta 2012 cuando se incluyó a partidos políticos y sindicatos como personas jurídicas con responsabilidad penal.

Vacuna legal

La «vacuna» legal para prevenir las prácticas corruptas y otros incumplimientos legales y administrativos, que pueden suponer la pérdida de la capacidad de contratar con la administración es la tramitación del «cumplimiento normativo» o «compliance» que, según el fiscal Frago Armada, «no hay que verlo como un impuesto. Las empresas deben prevenir, porque es mucho más barato que curar», como sucede con la prevención de riesgos laborales.

Un vuelco legal al que se enfrentan las empresas porque, a juicio del fiscal especializado en delitos económicos, «los antiguos modelos de gestión empresarial están muriendo». La cuestión no es baladí porque «no sólo hay que prevenir delitos, sino que se ha de cumplir la normativa en cuestiones de igualdad, competencias o protección de datos ya que su incumplimiento supone una infracción administrativa grave que puede suponer para las empresas la pérdida de la capacidad de contratar en el sector público».

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