La mayor isla roja en el territorio español. No la mayor en metros de superficie, pero sí en población y peso económico. La negociación de pactos autonómicos después del 26M deja a la Comunitat Valenciana con un título que tradicionalmente llevaba colgado Andalucía y que le dotaba de una influencia especial en el universo socialista español. La heredera es la Comunitat Valenciana, que debería ahora recibir el tratamiento correspondiente por el ejecutivo español. Se supone.
El tiempo de la nueva política lo es también de paradojas. La victoria sin paliativos del PSOE de Pedro Sánchez en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo no lleva aparejado un aumento del poder socialista en los territorios. Al contrario, el proceso de renovación de gobiernos regionales iniciado en diciembre de 2018 en Andalucía se salda con la pérdida del histórico bastión socialista del sur y la recuperación de ningún otro gobierno.
Los apoyos de Ciudadanos y la extrema derecha han permitido al PP mantener un puñado de autonomías y ganar la de Andalucía a pesar de hundirse en diversos casos en las urnas. La tortilla se ha dado la vuelta: las alianzas «de perdedores» de hace cuatro años denostadas por el PP han sido ahora el salvavidas para unos populares en momento crítico.
Si el partido de Pablo Casado mantendrá gracias al acuerdo con Ciudadanos y Vox el gobierno de Madrid como su gran baluarte, la izquierda presenta a la Comunitat Valenciana como su bastión, donde ha podido conservar el ejecutivo cuatro años después a pesar de la amenaza final de las derechas. La diferencia con respecto a 2015 es que en esta ocasión Podemos sí estará en el Consell.
Esta situación dota de mayor estabilidad a la mayoría progresista en las Corts (52 escaños, cuando la mayoría absoluta son 50): los morados verán muy limitada su capacidad de actuar contra un gobierno del que forman parte, mientras que en el pasado pusieron contra las cuerdas al bipartito en la aprobación de algunos presupuestos (los de 2018).
La incógnita, sin embargo, será el funcionamiento de un gobierno a tres, con una mezcla de cargos de hasta tres partidos que podría darse en algunas conselleries. La experiencia tripartita es nueva en tierras valencianas. En otros lugares, como Cataluña, acabó fatal.
El otro enigma de los próximos meses y años es ver si el ejecutivo de Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau aprovecha su estatus de principal isla progresista para obtener un sistema de financiación autonómica que mejore el actual, muy perjudicial para sus intereses, y mayores inversiones del Estado, proporcionales a su peso poblacional (11 %) en España.
Por producto interior bruto (PIB), la Comunitat Valenciana multiplica por cinco los de Extremadura o Asturias y es bastante más del doble de los de Aragón, Baleares o Castilla-La Mancha.
