Suscríbete Ahora

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Análisis

Bravo afianza su control al retener personal y sumar la Inspección de Servicios

El órgano que vigila la buena gestión en la Generalitat estaba en manos de Compromís

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor.

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, no sólo retendrá en su departamento las competencias de personal de la Generalitat a las que aspiraba Compromís al inicio de la legislatura sino que también ha conseguido hacerse con el control de la Inspección de Servicios.

Este órgano de control interno dependía hasta ahora de la Conselleria de Transparencia que dirigía Manuel Alcaraz. El nuevo departamento, rebautizado como Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, mantendrá prácticamente todas las competencias, pero cederá el cuerpo de inspectores a Justicia.

A cambio, la nueva consellera de EU, Rosa Pérez, se quedará con las atribuciones de Memoria Histórica, en manos de Bravo la pasada legislatura. Según ha podido saber este diario, la negociación entre Bravo y Pérez se ha producido sin grandes conflictos y aunque a la titular de Justicia le habría gustado quedarse con las competencias (el instituto está ya creado y pendiente de desarrollarse), la pérdida no ha sido dramática. Y es que Bravo no ha salido mal parada del reparto al adscribir a su departamento la Inspección de Servicios, justo en un momento en que está más reforzado que nunca.

Funcionarios con independencia

Se trata del máximo órgano interno de control de la Generalitat. Está encargado de la vigilancia del cumplimiento de la legalidad y de la observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia y puede abrir investigaciones de oficio. Con el gobierno popular este órgano estuvo controlado directamente desde Presidencia y atado en corto. Cabe apuntar que, en teoría, este cuerpo funcionarial actúa con independencia.

El primer Botànic lo situó en la nueva conselleria pensada para prevenir la corrupción y creció en efectivos y en competencias. De hecho, una nueva ley le atribuye el control de las malas prácticas a través del sistema de alertas: fraccionamientos, irregularidades en la contratación de personal, etc. A mitad de la pasada legislatura, Bravo, con competencias en función pública, trató de quedarse con parte de las atribuciones de control interno. El primer borrador de la ley de función pública incluía la creación de la nueva Oficina de Supervisión, Control Interno y Evaluación del Personal de la Administración, lo que hizo saltar las alarmas de Compromís. La oficina cayó de la ley ya que Transparencia lo encajó como un intento de Bravo de dar un bocado a la inspección.

El segundo intento, con Compromís ya fuera de Transparencia, ha sido el definitivo y el órgano pasa a Justicia, si bien está por ver la coordinación con EU ya que este organismo está más relacionado que nunca con la lucha contra la corrupción, así como con la calidad de los servicios públicos. Por otro lado, los ejes programáticos del Botànic II suponen otro tanto para Gabriela Bravo ya que incluyen la creación de la Escuela Valenciana de Administración que será la encargada de «la gestión del proceso selectivo de personal», una herramienta que aumentará el control de Bravo sobre la administración. Bravo se queda también con emergencias e interior.

En su toma de posesión la consellera anunció que «una de las primeras medidas» de la nueva legislatura será impulsar la ley de función pública para que la administración valenciana sea «más moderna, eficaz y eficiente». La consellera de Justicia también avanzó que «si la pasada legislatura fue la de los cambios urgentes ésta será la de los cambios irreversibles».

Prometió dejarse la piel en la lucha contra el «terrorismo machista, porque es una ambición de todo el Consell». Por ello, anunció que va a duplicar el personal especializado en las oficinas de atención a las víctimas y que extenderá la oficina de atención en la Ciudad de la Justicia -que tantas fricciones le provocó con Oltra, que le entregó la cartera- «a otras ciudades»

Entre las medidas que contempla está duplicar el personal especializado en las oficinas de atención a las víctimas y extender este proyecto piloto a otras ciudades. También adelantó que mejorará las «infraestructuras y plantillas en seguridad y emergencias», una nueva sede del 112 y la estrategia del voluntariado de Protección Civil, entre otros.

Para continuar leyendo, suscríbete al acceso de contenidos web

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión aquí

Y para los que quieren más, nuestras otras opciones de suscripción

Compartir el artículo

stats