19 de junio de 2019
19.06.2019

La Audiencia Nacional deja a dos ex altos cargos del PP al borde de la cárcel

El tribunal rechaza los recursos y confirma las condenas para David Serra, la exgerente Cristina Ibáñez y la extesorera del PP Yolanda García

19.06.2019 | 00:11

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) financió ilegalmente las campañas electorales de 2007 y 2008. Unos comicios en los que recurrió a una caja b, cuya existencia también queda probada, y que sirvió para pagar en B de Barcelona tres actos electorales del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrados en València y Alicante durante los comicios de hace una década.

Una caja de dinero negro de la que también se benefició la actual presidenta del PP, Isabel Bonig, ya que la Gürtel también pagó en b la discomóvil y los 36 metros cuadrados de moqueta «azul ducado» que pusieron fin a la campaña electoral de Bonig par la alcaldía de la Vall d'Uixó el 24 de mayo de 2007, que también se considera un hecho probado (aunque a la dirigente popular ni se la cita). Todos estos hechos han sido declarados probados y definitivamente firmes en una sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha ratificado al 95 % la sentencia del Juzgado Central de lo Penal número que condenó a cinco cabecillas de la trama Gürtel, cuatro miembros de la cúpula directiva del PPCV en el momento de los hechos y los nueve empresarios que admitieron haber financiado ilegalmente al PPde la C. Valenciana.

Ratifica las penas

La sala sólo ha estimado parcialmente el recurso de Correa y modifica las cuantías de las multas impuestas por delitos contra la Hacienda Pública por las que fue condenado por el Impuesto de Sociedades y de IVA.

El resto de las condenas impuestas por el Juzgado Central de lo Penal han sido ratificadas: cinco años para el líder de la trama, Francisco Correa, 5 años y 3 meses de prisión; a su mano derecha, Pablo Crespo, 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez 6 años y 9 meses. Por su parte, entre la cúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condenó al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa a 4 años de cárcel, que no recurrió, por lo que la sentencia para él ya era firme, aunque el juez decidió conmutarle la pena de prisión por una multa de 192.000 euros y un año de trabajos en beneficio de la comunidad, tras su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

Junto a él también fueron condenados otros compañeros del PPCV que correrán peor suerte ya que se impuso la pena de 3 años y 4 meses a la exgerente del partido Cristina Ibañez, otros 3 años y 8 meses para el exsecretario David Serra y 4 meses para la extesorera Yolanda García. Sólo esta última podría esquivar la entrada en prisión debido a la poca cuantía de la pena que se le impuso.

Tanto Serra como Ibáñez y García recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque sus recursos han caído en saco roto. De David Serra, los magistrados que firman la sentencia consideran, como el juez que lo condenó, que «es esencial en los hechos juzgados, conoce el sistema de financiación ilegal del PPCV y participa en él voluntariamente, con dolo directo, de un modo entusiasta» por lo que, concluyen, «el apelante era conocedor de la trama urdida para pagar los gastos del PPCV y además participaba en ella».

Respecto al recurso de Cristina Ibáñez, también desestimado, la sala también coincide en que la exgerente del PPCV «no era una simple auxiliar administrativa, como ella pretende, ya que fue la administradora general de las elecciones de 2007 y era la gerente del PPCV. No es de recibo, ni se admite, ni es creíble que Cristina, gerente del partido y con obvias responsabilidades contables, no advirtiera o consintiera tan descomunal descuadre» ya que los actos electorales declarados legalmente por el PP fueron 175.000 euros, pero en realidad gastaron 1.249.220 euros.

La Sala de lo Penal añade que los responsables del PPCV condenados rebasaron completamente los límites legales del partido e idearon un sistema de forma que Orange Market cobrara los servicios prestados a través de empresarios simpatizantes y beneficiarios de adjudicaciones de obra pública, que «aceptaron ese acuerdo con la esperanza de obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones».

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