19 de junio de 2019
19.06.2019
Función pública

Europa avisa de que el personal rescatado de las concesiones sanitarias no está obligado a opositar

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un aval a la figura del personal a extinguir ya que blinda los derechos laborales en los casos de subrogación

19.06.2019 | 11:28
Hospital de la Ribera.

El camino de rescate de los servicios públicos iniciado por el primer Botànic y que tendrá continuidad en el nuevo Consell tiene un horizonte cada vez más despejado desde el punto de vista jurídico. Al menos, en el apartado que más quebraderos de cabeza ha dado la pasada legislatura a los responsables políticos de la Generalitat: el futuro y los derechos laborales del personal rescatado.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la que ha tenido acceso este diario, deja claro que los trabajadores y trabajadoras que son subrogados a una Administración tras un proceso de reversión están blindados y no se les puede obligar a pasar un proceso selectivo.

La sentencia, que está siendo estudiada ya en el ámbito universitario, vendría a avalar la figura del personal a extinguir al que recurrió la Conselleria de Sanidad al proceder al rescate del Hospital de Alzira. Cuando finalizó la concesión del servicio, la Generalitat recuperó la gestión y la plantilla del centro sanitario (el grueso contratado directamente por el gestor privado de Alzira) pasó a convertirse en 'seudofuncionarios'.

La controversia jurídica en torno a si esta fórmula era o no una entrada por la puerta falsa a la función pública ha sobrevolado durante toda la legislatura pasada. Tanto es así que hasta el Consell Jurídic Consultiu (CJC) emitió dos dictámenes sobre el asunto dispares entre sí. Un primero, en el que advertía a la Generalitat de que la figura del personal a extinguir era dudosa y además un agravio comparativo hacia quienes aspiran a tener una nómina pública y debían pasar una oposición.

En un segundo informe, el CJC rebajó el tono y desatascó los planes de la Conselleria de Sanidad para el rescate del servicio de las resonancias magnéticas paralizado por un informe de la Abogacía de la Generalitat. Con todo, el CJC seguía cuestionando la figura de personal a extinguir.

El tribunal europeo despeja ahora dudas en un pronunciamiento reciente (13 de junio) en el que analiza el despido de una trabajadora portuguesa procedente de una empresa externa municipal que el ayuntamiento rescató. A la citada trabajadora, en un principio, se la integró en la plantilla del consistorio, pero después se le obligó a participar en un proceso selectivo.

Al final, se le comunicó la rescisión de contrato de la empresa municipal que gestionaba el servicio. La mujer afectada recurrió y ahora el Tribunal de Juticia de la Unión Europea ha dictado una sentencia cuyo fin es la aclaración de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

El tribunal analiza el caso de esta mujer y llega a la conclusión de que se vieron vulnerados sus derechos laborales. Para el tribunal la citada directiva europea impide que un país miembro pueda acogerse a una norma nacional y obligar al personal subrogado por la Administración a pasar una prueba selectiva.

Así, avala el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas al tiempo que advierte que el derecho nacional no puede privar a un trabajador de la protección que le confiere el derecho comunitario.

Balón de oxígeno para el Botànic

La sentencia supone un nuevo balón de oxígeno para el Botànic II que quiere continuar con su plan de rescates en sanidad y servicios sociales. Fuentes expertas consultadas por este diario, consideran que la sentencia es perfectamente asimilable a las reversiones efectuadas por la Generalitat y, en concreto, al caso del hospital de Alzira.

Cabe recordar que existe una plataforma de opositores que está moviéndose para reclamar que las plazas que ocupan estos trabajadores como personal a extiguir puedan salir a oferta de empleo público.

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