La presión por parte de la dirección nacional del PP para incluir en la lista de diputados provinciales de Valencia a un afín al presidente del partido, Pablo Casado, ha generado un terremoto interno en la provincia cuyas consecuencias están por determinar. A tres días de que se cierre el plazo para que la gestora que preside el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, presente la lista oficial (con sus avales respectivos) con las ocho personas que deben conformar el grupo popular de la diputación, las espadas están en alto. El foco del conflicto está en el partido judicial de Valencia, que incluye las comarcas de l'Horta y donde se juegan cuatro plazas. Según ha podido saber este diario, Génova presiona para que esté en la lista Javier Montero, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Picanya después de que dimitiera la cabeza de lista.

La propuesta de Montero, que fue director general de Desarrollo Estatutario con Luis Santamaría en su etapa de conseller de Gobernación, ha generado malestar entre los concejales de este partido judicial. Un sector importante está dispuesto a rebelarse en el caso de que la gestora acepte a Montero. Cabe recordar que Adsuara decidió que en esta ocasión no se pedirían avales en blanco a los candidatos municipales, de tal manera que, aunque él presente una lista, hay opciones para que cualquier aspirante intente recabar el tercio de avales que se necesitan para poder optar a un acta provincial.

Este margen de maniobra que antes no se tenía ha hecho que las imposiciones ya no sean tan fáciles. En una provincia devastada electoralmente y donde se ha perdido la mayoría del poder territorial, el partido está agotado, pero tampoco dispuesto a tragar.

Ese al menos el sentir de un sector de los ediles y dirigentes locales. Se da la circunstancia de que Montero es considerado un cunero en la lista de Picanya. Aunque con trayectoria política (también fue asesor del ministro Zaplana), es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Chiva y en su momento quedó salpicado por el escándalo de la filtración de los examentes de una oposición. Montero, considerado un experto en administración local y urbanismo, tiene, sin embargo, además de la experiencia el aval directo de Pablo Casado, con quien, según algunas fuentes, tiene una vinculación personal.

El otro foco de conflicto que ha enfrentado a Adsuara con la dirección regional tiene que ver con la todavía portavoz del grupo popular en la diputación y número tres de la ejecutiva de Bonig, Mari Carmen Contelles. Contelles aspiraba a repetir como diputada y tenía el aval de Bonig, pero, según fuentes del partido, habría quedado desbancada de la lista oficial por los malos resultados en su municipio (la Pobla de Vallbona) y por la falta de apoyos internos.