20 de junio de 2019
20.06.2019
Solicitud

Más de 170 entidades y políticos exigen que María no sea deportada a Honduras

El delegado del Gobierno asegura que la orden para repatriar a la mujer "aún no está aprobada" y que puede acogerse a dos vías para frenar la expulsión

20.06.2019 | 00:03
Más de 170 entidades y políticos exigen que María no sea deportada a Honduras

Las entidades Poder Migrante y la Red de Hondureñas Migradas han presentado al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana un escrito, firmado por 173 asociaciones y cerca de 800 ciudadanos a título personal, en el que solicitan la paralización de la expulsión de la joven hondureña detenida por estancia irregular cuando pretendía presentar una denuncia en la comisaría de Xirivella tras ser agredida por un hombre, tal como ha venido publicando Levante-EMV.

Los mismos colectivos, respaldados por ese cúmulo de firmas, ha presentado además una queja formal ante el Defensor del Pueblo para que garantice el derecho de las personas migrantes en situación irregular a denunciar sin miedo a ser expulsadas, ya que una infracción administrativa no puede estar por encima de una investigación penal y la protección de las víctimas.

En el escrito, firmado por colectivos migrantes, feministas y organizaciones, entre otros, del ámbito académico, como el Observatorio de Derechos Humanos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid, así como representantes políticos, entre ellos el alcalde saliente de Xirivella, Ricard Barberà Guillem (Compromís), han mostrado su apoyo a la víctima y han rechazado la «inadmisible forma de actuar de la policía de Xirivella», por no dejarle presentar la denuncia por agresión e instan a que se lleve a cabo una investigación sobre su actuación.

Además, en el escrito, firmado también por València Acoge, la primera entidad que denunció la situación de María [nombre ficticio bajo el que la mujer permitió ser entrevistada por este periódico], manifiestan su preocupación por la legitimación institucional, social y mediática de estas prácticas que empujan a la población migrante a no denunciar, ni defender sus derechos y libertades fundamentales, sobre todo cuando se trata de agresiones hacia mujeres en situación de total vulnerabilidad e indefensión.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, por su parte, defendió ayer que «no se puede paralizar la orden de expulsión porque no hay orden de expulsión dictada», e insistió en matizar que lo que hay «en este momento, es un expediente de expulsión en el que esta persona tiene la oportunidad de manifestar todo aquello que considere en relación con su situación dentro de ese procedimiento. Esto será estudiado por las fuerzas y cuerpos de seguridad y finalmente por el subdelegado del Gobierno en València, que hará una valoración y una propuesta a este delegado».

«No confundamos la apertura de un expediente de expulsión, que de alguna manera provoca la propia persona cuando se identifica ante la policía, y por tanto es inevitable que lo abran porque están obligados a ello y además esta persona no, con una orden de expulsión que no existe. Y que, si se dictara, sería al final del procedimiento», insistió Fulgencio.

El delegado dejó una puerta abierta a que se solucione la situación de María al decir que «esta persona tiene todas las garantías del procedimiento para poder alegar aquello que considere oportuno. Y le aseguro que esta delegación estudiará con todo detalle todo aquello que alegue. Evidentemente, si se acoge al sistema de asilo, será este el que la proteja y si no, habrá que estudiar su situación para comprobar si hay arraigo o no hay arraigo».

Eso sí, volvió a defender la actuación de los agentes recordando la existencia de «una legislación europea» en materia de inmigración irregular «que les obliga».

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