El Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universitat de València (UV) rechaza "la censura del nombre de Antonio Luis Baena Tocón, secretario judicial del Consejo de Guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández", ejercido por la Universidad de Alicante (UA) a petición del hijo del exmilitar fallecido.
La UA ha obligado a retirar los enlaces para que un artículo del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá no aparezca en los buscadores de internet. El texto menciona a Antonio Luis Baena Tocón, secretario del Consejo de Guerra que juzgó al poeta oriolano, y su hijo, solicitó al autor que retirase las menciones a su padre.
El Aula de Historia y Memoria Democrática de la UV en un comunicado manifiesta su "preocupación ante la reciente decisión de la UA de censurar el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, secretario judicial del Consejo de Guerra que condenó a muerte al conocido poeta Miguel Hernández".
El Aula de Historia y Memoria Democrática califica la decisión de la UA de "acto de censura". Considera que dicha acción "constituye una limitación injustificable de la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de cátedra".
Intromisión de la UA en la actividad científica
Además añade que "significa una intromisión de instancias no estrictamente académicas de una universidad en la actividad científica de un miembro de su personal docente e investigador; cuyos resultados cercena de forma arbitraria atendiendo a argumentos no científicos y en contra de la oposición expresa del propio profesor".
"Introduce una distorsión -prosigue- en todo lo relativo a las investigaciones sobre el pasado reciente, pudiendo implicar un precedente nocivo para líneas de estudio consolidadas y de reconocido prestigio; y que cuentan con el reconocimiento y son financiadas en el marco de programas de I+D autonómicos y estatales".
"Tal censura supone, en pocos días, otra noticia más en una preocupante cadena de actos de instancias no investigadoras que podría marcar el inicio de una tendencia negativa que no puede dejar indiferente a la comunidad científica, ni a cualquier sociedad que se quiera -y que quiera seguir siendo- democrática", subraya el Aula de Historia y Memoria Democrática de la UV.
"El supuesto derecho individual al olvido de una persona fallecida nunca puede ser superior, ni mucho menos imponerse, negar o coartar el derecho -cuando no incluso el deber- colectivo de toda una sociedad democrática al conocimiento histórico, la memoria, la justicia y la reparación", concluye.
El poeta oriolano fue juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940 por un Consejo de Guerra franquista presidido por el juez Manuel Martínez Margallo y en el que actuó como secretario el alférez Antonio Luis Baena Tocón. Posteriormente se le conmutó la pena de muerte por la de 30 años de cárcel. Falleció en la prisión de Alicante enfermo de tuberculosis en la mañana del 28 de marzo de 1942. Tenía 31 años de edad.
