La directora general de A Punt, Empar Marco, y el presidente de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicación, Enrique Soriano, han declarado esta mañana en el Juzgado número 4 de Paterna por diez contrataciones supuestamente ilegales y una adjudicación que podría ser ilegal.
Motivado por una denuncia del PP según las conclusiones del informe de 2017 del Sindic de Comptes, ambos han salido optimistas del juzgado tras haber aportado la información requerida. Confían en que el proceso se resuelva a su favor porque garantizan que todo se ha hecho conforme a la ley, tanto las contrataciones como la adjudicación de un programa a una productora. Creen que se trata de una "denuncia política" por parte del PP.
Por otra parte, la Fiscalía solicitó el 8 de mayo que se declare esta causa compleja, por lo que se amplía el plazo de instrucción inicial de seis meses, según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso Levante-EMV. La fiscal del caso ha solicitado esta ampliación de la instrucción en el hecho de que "se investigan hechos que pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, para cuyo esclarecimiento es necesario recabar documentación de los expedientes administrativos de contratación, tomar la declaración de los investigados y, en su caso, la de aquellos sujetos que intervinieron de manera directa o indirecta en dichos expedientes administrativos, por lo que entendemos que nos encontramos ante una investigación que exige la realización de pericias o de colaboraciones recabads por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis".
