El caso de la mujer hondureña a quien se abrió un expediente de expulsión cuando pretendía denunciar una agresión de la que acababa de ser objeto ha llegado al Congreso de los Diputados. Precisamente ante las Cortes es donde ha presentado la coalición Unidas Podemos una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central para que explique cómo es posible, entre otras cosas, que se esté «primando más el estatus migratorio que la protección de las víctimas».
La formación que dirige Pablo Iglesias registró ayer ante la Cámara Baja un escrito denunciando lo ocurrido y preguntando al Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez si ya ha «ordenado el inmediato archivo» del expediente de expulsión incoado contra la mujer hondureña dado que «se ha iniciado vulnerando las más elementales normas de nuestro ordenamiento jurídico», ya que el expediente se incoó «sin que se le permitiera siquiera presentar la denuncia por agresión».
María (nombre ficticio bajo el que Levante-EMV entrevistó a la mujer para preservar su anonimato) no pudo formalizar la denuncia por agresión por la que acudió a la comisaría de Xirivella el pasado 3 de mayo, porque, al exhibir la fotocopia de su pasaporte, el agente que la atendía alertó a sus compañeros de Extranjería al ver que seguía en España pese a haber finalizado el tiempo legal de permanencia. Así las cosas, según el relato de María, dos policías de Extranjería se la llevaron de la oficina de denuncias a su despacho, en la tercera planta, donde le incoaron el expediente de expulsión.
Días después, la misma comisaría se reafirmó en su propuesta de expulsión pese a las alegaciones de María, quien ahora tiene previsto presentar nuevos argumentos dentro de ese expediente.
La formación morada recuerda que, en 2004 y ante un caso similar, el Defensor del Pueblo ya recomendó «no abrir órdenes de expulsión a las personas en situación administrativa irregular que denuncien haber sido víctimas de un delito». Unidas Podemos le pregunta al Gobierno si cumple con esa instrucción y si, en el caso de la mujer hondureña, ha primado la investigación de la infracción penal y la protección a la víctima sobre la incoación del expediente sancionador.
Además, interrogan al Ejecutivo de Sánchez acerca de si se ha planteado la interrupción del expediente de expulsión «al valorar la concurrencia de cuestiones humanitarias», ya que María huyó a España desde su país escapando de las temidas maras, que han asesinado a varios miembros de su familia, entre ellos a un hermano.
Por último, se preguntan si el Ministerio del Interior se plantea enviar, «con carácter inmediato», una instrucción a las fuerzas de seguridad para que «en ningún caso» inicien la deportación contra «quienes acudan a interponer algún tipo de denuncia» y también si el Gobierno tiene previsto cambiar el marco legal para garantizar el amparo de las instituciones a cualquier «que sufra un perjuicio físico, moral o económico».
