La industria agroalimentaria dedicada a la preparación de cítricos para su comercialización es uno de los grandes focos de contaminación a la hora de tratar las aguas residuales. Hasta 42 depuradoras presentan «un serio riesgo de afección» por los vertidos de fungicidas, ya que estos alteran los tratamientos biológicos que se desarrollan en la red de instalaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar). De las 152 inspecciones en empresas citrícolas llevadas a cabo en 2018, se constataron incumplimientos en el 55 por ciento. En las 258 muestras tomadas, el 50 % tampoco cumplía con los límites de vertido a la red de alcantarillado, con el Imazalil como el producto fitosanitario con mayor presencia.
Entre las estaciones con más anomalías por esta causa, destacan las de Algemesí-Albalat, Almassora, Alzira-Carcaixent, Benifairó de la Valldigna, Camp de Turia 1, Gandia-La Safor, Mancomunitat de les Valls, Onda-Betxí-Vila Real, Sistema Callosa y Xeraco. La Epsar venía registrando desde 2010 serios problemas para eliminar el nitrógeno de las aguas residuales durante determinados meses del año. Una vez descartada la influencia de la climatología u otras causas originadas en la propia explotación de las Edar, se planteó la posibilidad de que su origen estuviese ligado a la presencia de agentes contaminantes inhibidores en el agua.
Productos post-cosecha
Desde el Departamento de Vertidos Industriales se logró finalmente identificar al sector citrícola como el posible origen de estos focos contaminantes, tras un análisis de los productos post-cosecha empleados en sus actividades. Así, se confirmó una serie de sustancias fungicidas además del imazalil, como el tiabendazol o ortofenil fenol, empleados en los «drencher» (cabinas para ducha de fruta) y ceras aplicados a las naranjas para garantizar una mayor perdurabilidad del fruto, y favorecer su venta tanto dentro como fuera de España.
Dentro de los procesos desarrollados en las distintos establecimientos se detectó que el «vaciado indiscriminado de las cabinas de baño con concentraciones en torno a los 200-400 mg/l de fungicidas aún activos - el límite para vertido a la red de saneamiento de estos productos es de 0'1 mg/l -, así como el agua de lavado de las piezas cubiertas con ceras, que también llevan estos productos» eran los causantes del mal funcionamiento de las depuradoras.
Tratamientos con ozono
Desde la Epsar se reconoce que a día de hoy en la mayor parte de los casos, «ya no se detectan de manera tan asidua» esta forma irregular de actuar y que los puntos de vertido de las empresas han bajado sustantivamente, «aún queda bastante trabajo por hacer». Aunque se han instalado numerosas instalaciones de oxidación de fungicidas por ozono, «o bien no todas están funcionando al 100 % de su capacidad, o bien no se están tratando la totalidad de los efluentes contaminados, y aún existen depuradoras afectadas por estos vertidos».
Aparecen nuevos fungicidas
Según el estudio de la Epsar, se ha detectado la presencia de nuevos fungicidas como el tebuconalzol, procloraz, fosetil-Al o propiconazol. Este último, además, perseguido por la Comisión Europea desde noviembre de 2018 al no renovar su autorización. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la contaminación de las aguas subterráneas por el propiconazol puede causar efectos tóxicos en órganos endocrinos. En el caso de los productos fitosanitarios que contienen esta sustancia activa, si los Estados miembros conceden un período de gracia, éste no debe expirar más allá del 19 de marzo de 2020, según vienen advirtiendo las autoridades de la UE.
